Víctor Alvarez R (*)
Hasta hace poco, la atención de la política tecnológica en Venezuela se limitó a la creación de capacidades para la investigación industrial ubicadas en instituciones académicas y técnicas, y no en las empresas, ramas o sectores industriales que, en definitiva, son los que producen y tienen que competir por ganarse un espacio en los mercados. En las condiciones de una actividad industrial que se limitaba a atender un mercado interno cerrado y sobreprotegido, el dominio tecnológico importaba poco a la hora de garantizar la supervivencia de la industria. En ese contexto, por mucho que se manipularan los instrumentos de política tecnológica resultaba prácticamente imposible inducir una mayor atención de la industria a la dimensión tecnológica de su actividad. Bajo el modelo de la sustitución de importaciones, lo importante era el logro de la mayor protección posible, de un generoso financiamiento público y del acceso a un buen cupo de divisas para importar bienes de capital y materias primas. Sin lugar a dudas, la tecnología no era lo determinante para la supervivencia de la actividad industrial.
Sin embargo, con la apertura del mercado interno y el avance de los acuerdos de integración comercial, el panorama ha cambiado sustancialmente. Ahora nuestro mercado está abierto al mundo y éste produce y exige bienes y servicios de alta calidad y buenos precios. En este entorno, la dimensión tecnológica de la competitividad industrial cobra especial relevancia y la política tecnológica y el manejo de sus instrumentos encuentran mejores condiciones para influir sobre el desempeño tecnológico de la industria nacional. En efecto, como la apertura de la economía venezolana está obligando a las empresas del país a mejorar su calidad, productividad y competitividad, esta nueva circunstancia ofrece condiciones sin precedentes para la atención de los procesos de innovación y de cambio tecnológico. Sobre todo si tenemos en cuenta que los mercados internacionales donde se identifican las mejores oportunidades son precisamente los que se caracterizan por un ritmo acelerado de cambio tecnológico.
Estamos en presencia de una época signada por un creciente componente tecnológico en el contenido de las relaciones económicas y políticas internacionales. Ante estos hechos, podemos afirmar que, aún cuando por un buen tiempo la industria nacional tendrá que sustentarse en el suministro externo de capacidades de producción y tecnología, el aumento de la presión competitiva en el mercado interno y los incentivos económicos que ofrece la exportación de su producción, constituyen fuerzas inductoras para que se ocupe cada vez más de fortalecer su capacidad tecnológica, así como de contratar conocimientos y servicios tecnológicos complementarios a instituciones académicas y centros de I&D.
Sin lugar a dudas, las implicaciones de estas nuevas circunstancias constituyen un gran reto para un país con poco conocimiento de la naturaleza de los procesos de innovación y cambio tecnológico y con poca experiencia en el manejo de las políticas a instrumentos que puedan influir sobre ellos. Indudablemente, se trata de hechos nuevos, los cuales deben ser interpretados con un enfoque teórico y conceptual adecuado, en función de formular una política tecnológica acertada, a través de la cual sea posible fortalecer la capacidad tecnológica de la industria nacional y de los centros de I&D. En este sentido, lo primero que hay que hacer es reconocer la diferencia entre los objetivos que persiguen las empresas en comparación con los que se proponen las instituciones académicas y técnicas. Sólo así la política tecnológica podrá inducir el fortalecimiento tecnológico de cada una de ellas, sobre la base de una creciente cooperación y negociación que permita superar las barreras institucionales, financieras y comerciales del pasado, logrando así un desarrollo interdependiente entre las mismas. El use y combinación más eficaz de los instrumentos de la política tecnológica dependerá del conocimiento y comprensión que se tenga tanto de la actividad académica e industrial, así como de los procesos de innovación. Las instituciones públicas que administran la amplia gama de instrumentos de política tecnológica deben tener en cuenta estas diferencias, entre otras cosas en función de activar mecanismos organizativos que formulen y ejecuten de manera coordinada programas y proyectos en los que se identifiquen a integren objetivos de interés común.
En el caso concreto de la industria nacional, la superación de sus rezagos en materia de calidad, productividad y competitividad no pueden ser encomendados a las fuerzas del mercado. Mucho menos en las condiciones de inestabilidad macroeconómica y deficiente dotación de infraestructura y servicios que han hecho mella en el desempeño empresarial. En condiciones como las que el país está atravesando y donde definitivamente el mercado no funciona y no es capaz de asegurar unas condiciones adecuadas para la buena marcha de la actividad industrial, se justifica plenamente la actuación del Estado a través de políticas tecnológicas a industriales. En el caso que nos ocupa, la formulación y ejecución de una política tecnológica orientada a fortalecer la capacidad tecnológica de la industria nacional tiene que ser una muestra de la voluntad política del Gobierno nacional de apoyar el esfuerzo de la industria nacional, dada su potencialidad para generar una creciente oferta de bienes y servicios competitivos en calidad y precios, así como también una mayor cantidad de empleos mejor remunerados.
Sin embargo, no siempre la comprensión de la importancia que tiene la generación de nuevos conocimientos como fuente de riqueza encuentra su correlato en una mayor inversión en actividades de ciencia y tecnología. Aún cuando desde el punto de vista del óptimo social la experiencia internacional ha demostrado que constituyen una excelente inversión, en un país agobiado por la necesidad de dar respuesta a los problemas urgentes, se corre siempre el riesgo de perder de vista la atención de las inversiones más importantes. Esto es más grave aún cuando se trata de las inversiones en ciencia y tecnología, las cuales rinden resultados en el mediano y largo plazo. Además, requieren recursos gerenciales, técnicos y financieros que superan los disponibles en una industria en la que predominan pequeñas y medianas empresas contrarias a la inversión incierta y riesgosa, mucho más en un país donde es difícil proteger los resultados intangibles asociados a la investigación científica y tecnológica, en comparación con el claro carácter de propiedad privada que adquiere la inversión en activos fijos. Dicho de otra forma, los incentivos inherentes al funcionamiento del mercado tienden a asignar menos recursos a las actividades científicas y tecnológicas en comparación con lo que es socialmente deseable y necesario.
Por esta razón, las políticas de desarrollo no pueden limitarse a incentivar la adquisición de los factores tradicionales de producción tierra, capital y trabajo, ni mucho menos sustentarse en las ventajas comparativas asociadas a la dotación de recursos naturales, los salarios bajos o la ubicación geográfica. Lo que decide actualmente la supervivencia en unos mercados cada vez más reñidos es el valor que se agrega a partir de los resultados de la investigación científica y tecnológica. Tan así es, que incluso en los nuevos modelos teóricos el conocimiento ha sido reconocido como un factor clave para explicar el desarrollo económico y social de las naciones.
Luego, nuestra sociedad no puede esperar a que sean los mecanismos del mercado los que influyan sobre la dirección y velocidad del avance científico y tecnológico. Tomando en cuenta que una política y sus instrumentos constituyen los medios que el Estado utiliza para influir las decisiones de los actores y agentes económicos y sociales en función de alcanzar objetivos socialmente deseados, se impone, entonces, la necesidad de formular y ejecutar políticas públicas que influyan sobre este proceso a través de incentivos y/o restricciones que induzcan una mayor creación, transferencia y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos, que sustenten la supervivencia y competitividad del aparato productivo nacional.
En este sentido, una política tecnológica de nuevo tipo tiene que trascender la promoción de las actividades científicas y tecnológicas en las instituciones académicas y centros de I&D, incorporando cada vez más, incentivos al fortalecimiento de la capacidad tecnológica del aparato productivo nacional. Dicho más claramente, tiene que plantearse el fortalecimiento de la capacidad del país para adquirir, utilizar y desarrollar eficaces formas de producir nuevos y mejores bienes y servicios que le permitan competir con éxito en un mercado interno abierto a las importaciones y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional a través de un sostenido aumento de sus exportaciones.
En función de fortalecer la capacidad tecnológica y la competitividad industrial hay que, más a11á de los tradicionales programas de formación de investigadores, fortalecimiento de centros y financiamiento a proyectos de investigación: hay que tener en cuenta que el fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la industria no depende de la I&D universitaria. Lo que está planteado es incorporar incentivos para elevar la I&D de las propias empresas. De lo contrario, CONICIT continuará formando RR.HH., fortaleciendo centros de I&D y financiando proyectos que tienen poca aplicación en el aparato productivo.
Hay que tener en cuenta que en Venezuela el 90 por ciento de la industria son Pyme's con menos de 100 trabajadores con una estrategia tecnológica implícita que consiste en la adquisición de tecnología importada y no en el desarrollo de una tecnología propia. Si tenemos en cuenta que la selección, compra, asimilación y adaptación de tecnologías se apoya fundamentalmente en actividades de consultoría a ingeniería, mientras que la mejora y creación de tecnologías requiere más bien I&D, entonces el fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la industria requiere, más bien, del fortalecimiento de la capacidad nacional de negociación y gestión estratégica de la tecnología, así como de la capacidad de consultoría, ingeniería y servicios técnicos, y no sólo de una mayor I&D en las propias empresas.
Vale decir que los procesos de innovación suponen una amplia gama de actividades que requieren una gran coordinación toda vez que son ejecutadas por instituciones diferentes: empresas, universidades, centros de I&D, firmas de consultoría a ingeniería, servicios de información, asistencia técnica, metrología, normalización y control de calidad, instituciones financieras y organismos públicos (MinFomento, CONICIT, MH, BCV, ICE, MARNR, etc.) cuya actuación está guiada por diferentes misiones, racionalidad política, factores técnicos, económicos, legales, organizacionales, financieros, ambientales y de relaciones internacionales.
Para apoyar la competitividad del aparato productivo hay que superar la inercia de una política tecnológica simbólica, que se limita a apoyar una que otra «empresa de base tecnológica» o a subvencionar los mal llamados «parques tecnológicos». La política tecnológica no puede ser academicista ni paternalista. Los incentivos deben estar orientados al sector productivo y ser promocionales. Es decir, deben tener un carácter temporal y con límites decrecientes. Tampoco se trata de una política tecnológica «al detal», limitada al apoyo aislado a unas pocas empresas que terminan siendo las privilegiadas. En función de fortalecer la capacidad tecnológica del aparato productivo, la asignación de recursos a empresas individuales carece de sentido, toda vez que excluye al resto del tejido industrial de los beneficios que hubiese podido obtener al llevar a cabo programas con un mayor efecto multiplicador. Lo que se impone es una política tecnológica «al mayor», con predominio de programas que tengan una incidencia horizontal o sectorial y ataquen problemas o debilidades que son comunes a la industria. Por un tiempo más, la mayoría de las empresas venezolanas se centrarán en la transferencia, asimilación y adaptación de tecnología importada. Por esta razón, su demanda de I&D será muy limitada y se sentirán poco interesadas en programas destinados a crear o ampliar capacidades propias de investigación y desarrollo. Lo que en realidad este tipo de empresas necesita es fortalecer su capacidad de negociación (contratos de licencia) y gestión estratégica de la tecnología y una buena oferta de servicios de consultoría a ingeniería que faciliten el proceso de asimilación y adaptación de las tecnologías que compran. Esta realidad sugiere un mayor reconocimiento de la importancia que tienen los incentivos a los servicios de consultoría a ingeniería (incluyendo la creación de empresas de servicios tecnológicos por parte de investigadores y académicos) de cara a fortalecer la capacidad tecnológica de la industria.
Los programas de apoyo a la I&D serán realmente atractivos a importantes para aquellas empresas que han incorporado en sus estrategias un esfuerzo sistemático para desarrollar nuevas tecnologías. Para estas empresas y sectores la creación de capacidades propias de investigación y desarrollo se constituye en un factor crítico para su supervivencia y competitividad.
Para diseñar programas que realmente contribuyan al fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la industria nacional es necesario identificar en cada sector, rama o agrupación industrial la importancia relativa de sus necesidades en materia de investigación y desarrollo, capacidad de gestión estratégica de la tecnología y servicios de consultoría a ingeniería y así evitar el lanzamiento de programas que no atacan los factores críticos de la competitividad industrial.
Las cámaras industriales y las instituciones que administran la política industrial y tecnológica están llamadas a complementar esfuerzos y recursos en función de fortalecer la capacidad tecnológica de la industria. Amplia es la gama de las iniciativas que pueden adelantarse. Para sólo mencionar un ejemplo, se puede empezar poniendo en marcha un Programa Nacional de Auditorías Tecnológicas que le permita a cada empresa, rama y sector industrial conocer en que etapa del ciclo de vida de la tecnología se encuentra (ver cuadro). Sobre esta base, podrá también evaluar su grado de utilización, su estado de madurez y vida útil y prever las acciones y requerimientos futuros. Hoy más que nunca se hace necesaria una evaluación sistemática del potencial tecnológico en cada sector, rama o agrupación industrial, su comparación con el estado de la tecnología a nivel internacional, así como el conocimiento de los ciclos de innovación asociados al ciclo de vida de los productos, todo esto en función de diseñar programas cada vez mejor fundamentados que ayuden a seleccionar la tecnología más adecuada, aprovechar plenamente su potencial y crear condiciones para su mejora y desarrollo.
El ciclo de vida de la tecnología
| TECNOLOGIA EMERGENTE | TECNOLOGIA CLAVE | TECNOLOGIA BASICA |
| Presenta un elevado estado de aplicación en la industria | Se encuentra en el primer nivel de desarrollo muy importante | Muestra un potencial nivel de incertidumbre |
| Una vez refrendada por el mercado, será la tecnología clave del mañana. | Se trata de una tecnología emergente que ha sido ampliamente aceptada por el mercado | Sustenta la posición competitiva de la empresa que la utiliza |
| Constituye un elemento diferenciador de la empresa en el mercado | Es una tecnología clave del pasado | Actualmente está al alcance de cualquier empresa |
| Aunque necesaria para
realizar la actividad productiva, no constituye una herramienta estratégica por si misma |
Se complementa con otras funciones de la empresa |
Por si fuera poco, tengamos en cuenta que existen instrumentos en el entorno nacional a internacional que escapan al dominio de la políticas económica, industrial y tecnológica pero que obligan al fortalecimiento de la capacidad tecnológica del país. Nos referimos aquí a la Ley Penal del Ambiente, las exigentes normas técnicas internacionales, y a uno de los puntos cruciales en la llamada Nueva Agenda del Comercio Internacional referido al Dumping Ecológico, el cual constituye una nueva barrera a las exportaciones procedentes de países que aún llevan a cabo una actividad industrial depredadora del ambiente.