Víctor Alvarez R (*)
Desde que Japón decidió ignorar a los teóricos que explicaban el desarrollo económico a partir de las ventajas comparativas y emprendió su propia estrategia basada en la creación de nuevas ventajas sustentadas en el use inteligente de la información y el conocimiento, ha quedado más clara la importancia que tiene para la supervivencia económica de cualquier país del mundo la incorporación de la política tecnológica como una cuestión clave en la agenda de la política económica.
En efecto, si Japón se hubiese guiado por los postulados de los libros clásicos de comercio internacional, habría optado por sacarle provecho a su abundante mano de obra barata, limitándose a desarrollar industrias intensivas en fuerza de trabajo tales como la textil, confección, calzado, alimentos, etc. Sin embargo, Japón escogió una vía que para los paradigmas teóricos de entonces no dejaba de parecer descabellada. Optó por una estrategia de desarrollo a largo plazo a través de la cual se propuso crear un nuevo tipo de ventaja, de carácter dinámico, sustentada en el desarrollo del conocimiento. Con esta estrategia, Japón aceleró el tránsito del modo fordista de producción al modo informático, avanzando así de la producción masiva de bienes estandarizados, intensivos en materias primas, energía y mano de obra baratas hacia un nuevo modo de producción. En efecto, con la aparición y difusión de nuevas tecnologías, se está consolidando ese modelo productivo intensivo en conocimientos, caracterizado por sistemas flexibles de fabricación. Estos han transformado sustancialmente los métodos tradicionales de gestión y han hecho posible el tránsito de la producción en masa, estandarizada y con pocos cambios hacia la producción flexible, con lotes más pequeños y muy variados, mucho más ajustados a los cambiantes gustos del consumidor.
Ahora bien, un proceso clave para generar el nuevo conocimiento que requiere la creación de ventajas competitivas duraderas lo constituye la actividad de I&D. Pero hay que dejar claro que no se trata sólo de gastar cada vez más en ella sino de invertir acertadamente tales recursos en función de generar aquel conocimiento que sirva de base para la innovación, entendida ésta como un hecho económico concreto y exitoso. Una I&D que responda a los problemas nacionales exige una decisión concertada en la que participen y se entiendan el Estado y los actores claves del país en las áreas de salud, educación, ambiente, economía, etc. A través de un esfuerzo conjunto será posible formular objetivos de I&D a tono con las prioridades nacionales. Se trata de apoyar una investigación científica y tecnológica que genere un conocimiento útil para transformar y reconstruir nuestro país y que, por lo tanto, responda a las demandas de los sectores más dinámicos en los cuales tenemos que afincar una estrategia de desarrollo distinta, que tenga como norte el desarrollo de la dimensión humana de la sociedad.
Sin embargo, a pesar de que la investigación científica y tecnológica es una fuente crucial para la generación del conocimiento necesario para propiciar el desarrollo económico y el bienestar social, esto aún no ha sido bien comprendido por sectores claves de la sociedad venezolana. Para sólo citar dos ejemplos señalaremos, por un lado, la escasa investigación tecnológica que realiza el sector industrial y el poco interés que muestra en la que hacen los Centros de I&D. Por si fuera poco, buena parte de las pocas empresas que hacen I&D suelen considerar esta actividad como una partida más en el presupuesto. Es decir, contratan un buen personal, les suministran dinero para que puedan comprar los mejores recursos, les dejan solos para que trabajen en un «entorno creativo», todo esto con la esperanza de que algún día puedan producir un conocimiento aprovechable desde el punto de vista comercial y económico. Es cierto que otras empresas tienen prácticas un poco más avanzadas. Gerencian la I&D de manera más sistemática y con una mayor adaptación a las necesidades y demandas concretas de sus negocios. Reconocen la naturaleza discontinua de la investigación y el desarrollo, razón por la cual tratan de cuantificar los costos y los beneficios de cada proyecto, haciendo un seguimiento de los avances del proceso en función de los objetivos planteados. No obstante, al gestionar la I&D proyecto por proyecto no logran una visión integral sobre la eficacia real del esfuerzo que están desarrollando. Sólo se tiene una valoración aislada de cada uno de ellos, sin saber a ciencia cierta si en conjunto constituyen una cartera bien equilibrada que responde plenamente a las demandas de la sociedad y a las necesidades de la empresa. Los casos excepcionales vienen dados por aquellas empresas capaces de conciliar las necesidades propias de cada área funcional con las de la empresa como un todo. Lo cierto es que la mayoría de las empresas en el país tiene pendiente realizar una mayor I&D, evaluando sus costos y beneficios de manera integral de tal forma que puedan articular una cartera de proyectos que genere un conocimiento útil para mejorar su posición competitiva.
Por otro lado, el propio Gobierno Nacional, acorralado en las emergencias de todos los días, descuida las áreas que en definitiva son las que pueden aportar la solución estructural de los problemas que el país padece. La concepción predominante de la política económica se ha concentrado en atacar los problemas coyunturales en las áreas fiscal, monetaria, financiera y cambiaria, postergado su actuación en la dimensión sectorial y productiva.
De hecho, el apoyo decidido a la investigación científica y tecnológica dentro de la estrategia de desarrollo nacional sigue siendo una asignatura pendiente en las decisiones del alto gobierno. Tanto es así que la política tecnológica no termina de ser asumida como un componente clave de la política económica, a pesar de que la experiencia internacional demuestra, con abrumadora claridad, que el desarrollo económico y social de los países más prósperos hoy en día, lo explica la creación de ventajas competitivas sustentadas en el use inteligente de los resultados de la investigación científica y tecnológica.
Entender que Japón no es un caso excepcional, sino la manifestación de una vía de desarrollo que se difunde cada vez más, requiere armarse de un enfoque diferente de los factores que explican la supervivencia y bienestar de un país. Si aceptamos que la calidad de vida y el bienestar social dependen, en buena parte, de una creciente producción de bienes y servicios que satisfagan las crecientes necesidades materiales y espirituales de la población, entonces es necesario reconocer que, en adelante, para producir en abundancia, con calidad y a bajo precio el conocimiento científico y tecnológico se revela como uno de los factores determinantes. Y, sin lugar a dudas, para generar el nuevo conocimiento que requiere la creación de ventajas competitivas duraderas, la actividad de I&D es crucial. No obstante, hay que dejar claro que no se trata sólo de gastar cada vez más en ella sino de invertir acertadamente los recursos que se destinen a ella en función de generar aquel conocimiento que sirva de base para la innovación, entendida ésta como un hecho económico concreto y exitoso.
Relanzar la industrialización como fuerza motriz del desarrollo económico y social también tiene mucho que ver con el apoyo que en el país se le dé al activo fundamental de esta época: el conocimiento. De allí la importancia de incorporar la política tecnológica como un componente clave de la política económica. Se trata de integrar en una propuesta armónica y coherente los diferentes instrumentos de política económica que propicien la modernización del aparato productivo y estimulen así la aparición de empresas, ramas y sectores intensivos en el use del conocimiento.
La incorporación de la política tecnológica a la agenda de la política económica requiere un claro compromiso del alto Gobierno, toda vez que es éste el que tiene la autoridad y el poder para movilizar los recursos que se asignen a esta actividad y para coordinar los diferentes instrumentos de política que pueden influir en el desarrollo competitivo del aparato productivo. A la hora de evaluar la eficacia de la política económica es necesario tener en cuenta que buena parte de los instrumentos que influyen sobre el fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la industria nacional son competencia de otros organismos y, si su aplicación no es coherente, pueden llegar a anular el efecto que se persigue con los instrumentos de la política tecnológica. En otras palabras, si bien el CONICIT es uno de los órganos de Gobierno llamado a formular la política tecnológica, hay que considerar que son otros los organismos que administran buena parte de los instrumentos a través de los cuales se vale la misma para fortalecer la capacidad tecnológica de la industria.
Si el CONICIT se mantiene al margen de las deliberaciones que tienen lugar en el Gabinete Económico puede ocurrir que los instrumentos de política económica que influyen sobre el fortalecimiento de la capacidad tecnológica del aparato productivo sean administrados con un enfoque parcial y desarticulado, y no como instrumentos para su desarrollo competitivo. El mensaje es que si un país quiere dejar de ser un simple exportador de materias primas y tomarse en serio la tarea de insertarse en los mercados internacionales como un exportador de una amplia gama de productos industriales, necesariamente tiene que desarrollar una visión de conjunto en torno al efecto de los diferentes componentes de la política económica sobre la competitividad de su actividad productiva. Así por ejemplo, enfoques cortoplacistas de la política fiscal, orientados a lograr una mayor recaudación, impedirán que se concedan las necesarias rebajas o desgravámenes orientados a incentivar una mayor inversión en I&D por parte de la industria nacional. Igualmente, una política monetaria obsesionada por la paradoja de contener la inflación «a cualquier precio» puede traducirse en elevadas tasas de interés que harían mucho más difícil el financiamiento de la innovación y el desarrollo tecnológico.
La importancia que tiene la incorporación de la política tecnológica en la agenda de los asuntos claves de la política económica constituye un asunto que interesa discutir. AI Gabinete Económico le hace falta ponderar la influencia que tiene sobre la conducta tecnológica de la industria nacional los diferentes escenarios de política económica que se planteen. De allí la importancia de incorporar al CONICIT a esta instancia de tal forma que a través de la política económica se administren de manera coherente los instrumentos fiscales, monetarios, financieros cambiarios, etcétera, en función de reactivar la actividad productiva y de estimular su calidad, productividad y competitividad. En una época caracterizada por un creciente componente tecnológico en las relaciones económicas internacionales, la incorporación en las deliberaciones del Gabinete Económico de información clave sobre las principales tendencias tecnológicas y de una opinión que contribuya a ponderar la influencia de las condiciones macroeconómicas y de la política económica sobre la dimensión tecnológica de la competitividad, constituye una decisión que es necesario comenzar a considerar. lncorporar la política tecnológica a la agenda de la política económica requiere entender las causas que explican el agotamiento de la Venezuela rentista y armarse de un enfoque diferente de los factores que explican la supervivencia y bienestar de un país. En otras palabras, la política tecnológica seguirá en lista de espera si no se entiende que la calidad de vida y el bienestar social dependen de una creciente producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. Y para producir en abundancia, con calidad y a bajo precio, la generación de un conocimiento científico y tecnológico se revela como uno de los factores determinantes.
La mejora de la competitividad requiere la generación, obtención, acopio y utilización de nuevos conocimientos. Pero éste no es un proceso natural que puede dejarse en manos de las fuerzas del mercado. El Estado tiene que apoyar la generación, difusión y use de conocimientos científicos y tecnológicos y estimular el surgimiento de un aparato productivo intensivo en el use de información y conocimientos. Esta es una vía para contribuir a legitimar socialmente a la ciencia y consolidar una industria competitiva que ofrezca los bienes, servicios y empleos con la calidad y precios que reclama la recuperación de nuestro nivel de vida y grado de bienestar.
La competitividad de la industria japonesa suele ser atribuida a la actuación del Ministerio de Industria y Comercio Internacional. El MITT diseña planes en los que prioriza el desarrollo de determinados sectores, trazando así las líneas maestras que orientan las decisiones estratégicas de las empresas a inversionistas. El gobierno japonés facilita el acceso al capital y a la tecnología, concede subvenciones y exenciones tributarias, a incluso, ha tolerado la formación de cárteles. El impacto real de la actuación del MITT sobre el desempeño de la industria japonesa es un hecho real que mantiene vivo el debate sobre el papel del gobierno en la competitividad. Por otra parte, en economías que se han caracterizado por una intensa competencia interna (EUA, Alemania, Francia, etc.) las empresas también están habituadas a innovar. Largos años de competencia en todos los terrenos han hecho posible una cultura empresarial distinta, signada por la actitud y aptitud innovadoras. En tales casos, la capacidad de mejorar y aprender es el resultado de un prolongado a intenso proceso de competencia en el que las empresas entendieron, prácticamente desde su propio nacimiento, que sólo mejorando ininterrumpidamente lograrían atraer hacia sus productos la preferencia de los consumidores.
En economías que han estado sobreprotegidas y en las cuales la actitud innovadora ha sido atrofiada, surgen muchas dudas sobre la efectividad que tienen las tradicionales políticas públicas para propiciar la mejora de la competitividad. Con este fin, los gobiernos que se alternan suelen dar bandazos entre políticas de protección o apertura a ultranza. Mientras tanto, la pobre presencia en el comercio internacional demuestra una y otra vez que el problema no se limita a abrir o cerrar el mercado interno. Sin lugar a dudas, la actuación del gobierno no debe ser reducida a la simple protección arancelaria o a la manipulación de los acuerdos de integración comercial. La competitividad auténtica se logra partiendo de un entorno competitivo adecuado en el cual las empresas se sientan emplazadas a innovar. Resucitar las políticas proteccionistas sólo llevará a una competitividad espurea, incapaz de sostenerse sin protección arancelaria, subvaluación del tipo de cambio, exenciones fiscales o subsidios encubiertos a la exportación. Por el contrario, las políticas de apertura a integración comercial, complementadas por nuevas políticas más creativas a inteligentes, inducen a las empresas a innovar. Esta es la mejor fuente de competitividad.
En una economía globalizada los parámetros de competitividad no se fijan en el interior de un país. Los determina el mercado internacional. Por lo tanto, lo que importa a la hora de conquistar mercados no es la competitividad que surge de la protección y los subsidios, lo que realmente importa es la competitividad relativa, aquella que surge de su comparación con la alcanzada por otros países. Esta es la que finalmente determina los parámetros de competitividad internacional, cuyas fuentes y determinantes son los que interesa identificar y analizar a fin de apoyar con eficaces políticas la mejora de la competitividad. En primer lugar, es hora de entender que el equilibrio macroeconómico es una condición necesaria, más no suficiente, para apoyar la competitividad. Se requiere un enfoque global en el que las políticas macroeconómicas y sectoriales se armonicen en función de estimular la inversión productiva. Bajo la actual turbulencia a incertidumbre es imposible tomar acertadas decisiones de ahorro a inversión. Si no se abaten las presiones inflacionarias que mantienen altas las tasas de interés, muchas empresas no podrán soportar los costos financieros y se verán obligadas a cerrar, aún cuando se apele a medidas proteccionistas.
En segundo lugar, la política educativa, más que un instrumento para propiciar la justicia social, hoy por hoy es un problema que debe ser incorporado a las cuestiones claves de política económica. No se trata sólo de la masificación de la enseñanza, también se trata de garantizar altos rendimientos y una reconocida calidad de los egresados. Cada vez está más claro que la ventaja competitiva depende de la calidad de los recursos humanos. Son ellos finalmente quienes introducen las mejoras en productos y procesos, y los encargados de asimilar, adaptar y mejorar la tecnología que la empresa adquiere. Por su parte, la política tecnológica tiene que plantearse la difusión de las nuevas tecnologías de producción y gestión. Estas han hecho posible, en otros países del mundo, la revitalización de los sectores tradicionales a intermedios, los cuales justamente son los que predominan en la estructura industrial de Venezuela. La política tecnológica debe estar en sintonía con nuestro perfil de competitividad, con el tipo de problemas que es prioritario atacar y con la capacidad de nuestras empresas y universidades para dirigir y gestionar la I&D y la innovación. Hay que evitar que se gaste el escaso presupuesto en áreas en las que, si bien otros países están logrando importantes avances, poco tienen que ver con la estructura de la industria y con la ventaja competitiva que en nuestro caso es más probable crear. Tampoco se trata de un hecho simbólico que lleve a destinar el 1 % o más del PIB a una política de I&D eventualmente divorciada de las necesidades del aparato productivo. Lo que se impone es formular y ejecutar una política de ciencia y tecnología que sirva de base para la innovación.
Debe quedar claro que el gobierno puede influir más no determinar la evolución de la competitividad. Es la empresa la que tiene que competir con sus productos en los mercados. Es ella la que tiene en sus manos la decisión de mejorar sus productos, procesos de fabricación, marketing y servicios post venta, verdaderos determinantes de la aceptación de sus productos por los consumidores. Por lo tanto, las políticas públicas no deberían ser catalogadas como factores críticos de la competitividad empresarial. Atribuir la causa fundamental de la competitividad a la actuación del gobierno significa ignorar su verdadera esencia, la cual está asociada a un permanente proceso de innovación y mejora que es llevado a cabo por y dentro de la propia empresa.