Beatriz Cristina Brito Viñas, Gilberto Hernández Pérez y Arnaldo Álvarez González
La generación de nuevas tecnologías ejerce un impacto continuo sobre la actividad económica en forma de nuevos productos y procesos productivos, dando nacimiento a nuevas industrias y al ocaso de otras, y alternando permanentemente la forma de satisfacer las necesidades mediante el consumo.
Entre los efectos sociales más significativos de la ciencia en la actualidad, se encuentra su vínculo con la industria militar. Incluso hoy se habla de una militarización de la ciencia, lo cual implica a un conjunto de problema éticos y la responsabilidad social de los científicos ante el vinculo entre desarrollo y humanitarismo.
Una de las características del sistema científico internacional es su polarización. Como lo demuestran numerosos indicadores (número de científicos e ingresos dedicados a I&D, número de publicaciones y de patentes, etc.), un grupo bastante reducido de países industrializados concentran la mayoría de las capacidades creadas en estos campos. El poder de estos países sobre los países en desarrollo se apoya, en gran medida, en su potencial científico y tecnológico. Esto se agrava cada día porque una parte importante del desarrollo científico-técnico es funcional a las necesidades de la producción y el consumo de los países industrializados y no se orienta a la satisfacción de las necesidades humanas básicas de la mayor parte de la población del planeta.
No se trata de que los países en desarrollo se planteen alcanzar a los más avanzados en ciencia y tecnología, sino de definir proyectos científico-técnicos que sirvan de soporte a los objetivos generales de su desarrollo económico, desplegado un sistema científico centrado en sus realidades políticas, sociales y culturales.
Tampoco significa que nuestros proyectos de desarrollo no consideren la posibilidad de su inserción internacional; la intelectualidad científico-técnica de nuestros países debe capaz de nutrirse de las mejores experiencias internacionales, contribuir a ellas y, por esta vía, afirmar un proyecto científico y tecnológico autóctono y socialmente implicado.
La transferencia de tecnología implica el alquiler o la adquisición de la tecnología que satisfaga las exigencias del proceso de industrialización. En no poca medida éste, hasta ahora, ha sido un proceso desvinculado de las necesidades reales del desarrollo en los países del Tercer Mundo. Mucho veces la importación de tecnología posibilita, la reproducción del subdesarrollo ya que desestimula la investigación científica y la innovación tecnológica local, quedado reducida la transferencia, al aprendizaje para consumir en forma pasiva, técnicas ajenas a las realidades nacionales, ocurriendo a veces, incluso, la importación de conocimientos para solucionar problemas que ya se está en capacidad de abordar a partir de recursos domésticos, dada la forma indiscriminada y no adoptiva con que muchas veces se adquiere la tecnología. Sin embargo, la experiencia de Japón en los años ’50, así como de algunos países industrializantes del presente, señala la potencialidad que encierra la importación de tecnología si se le sabe aprovechar inteligentemente.
Por tanto, el mejoramiento en los términos en que es transferida la tecnología debe ser un proceso conformado sobre la base de adquirir experiencias que den lugar al aprendizaje, tanto gerencial como tecnológico, permitiendo adquirir un mayor grado de selectividad en lo que se adquiere.
Así, la puesta en funcionamiento de un proceso importado requiere de una ingeniería “in situ”, no sólo para la instalación de los equipos, sino también para la adaptación a las condiciones específicas en que se habrá de operar. Este proceso incluye actividades como el adiestramiento y la disciplina laboral de la fuerza de trabajo, la legislación y las políticas vigentes y el desarrollo de la infraestructura física y de servicios, entre otros.
Queda, por tanto, la posibilidad de labrar nichos en los mercados internacionales sobre la base de la aplicación y adaptación de los adelantos tecnológicos generados en las economías avanzadas, a la producción y generación de productos o servicios, en donde pudieran desarrollarse particulares ventajas que hiciesen competitiva la industria latinoamericana. O sea, si por el momento no puede eliminarse la dependencia tecnológica, debe tratarse de reducirla en lo posible.
La incorporación de tecnologías nuevas y más eficientes a la industria, fue considerada por mucho tiempo, el factor primordial en el proceso de expansión de la economía De esta manera muchos terminaron reduciendo el desarrollo al crecimiento económico y la industrialización fue declarada la vía para alcanzarlo. Sin embargo, durante los años ’60 y ’70 se registra una considerable expansión económica en los países industrializantes sin un desarrollo paralelo en el ámbito social, lo que demostró que el desarrollo no es el mero aumento de lo que existe, sino un proceso de intensos cambios estructurales que van más allá de los marcos. técnico-económicos, constituyendo un proceso multidimensional, que lleva consigo la reorganización y reorientación de los sistemas económicos y sociales, que no se limita solo a elevar los niveles de renta y de producción, sino que da lugar a transformaciones sociales importantes de las estructuras institucionales, sociales y administrativas (Todarov, 1988). Surge entonces, lo que se ha dado en denominar desarrollo sostenible o sustentable. Desde el punto de vista semántico, sustentabilidad es una característica de un proceso o estado que es posible mantener a todos los efectos prácticos, de manera indefinida. Por tanto, según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland), quien definiera y acuñara el término, desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias, o sea, significa mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. La categoría desarrollo sustentable abarca no solo lo económico, sino también lo social, lo cultural lo institucional y lo referido al medio ambiente, pero además, la diferencia en cuanto a condiciones, necesidades y niveles de desarrollo entre los países se pone de manifiesto a la hora de determinar las etapas, métodos, prioridades y vías para lograrlo. En los países industrializados, donde lo que está en peligro es la calidad de la vida, existe una preocupación creciente por los efectos a más largo plazo de fenómenos tales como, el deterioro de la capa de ozono y el calentamiento global; sin embargo, para las naciones industrializantes, donde lo que peligra es el derecho a la vida, las principales preocupaciones están relacionadas con problemas como el suministro y la calidad del agua, el deterioro de los suelos, el saneamiento ambiental y la explotación irracional de los recursos ambientales. Esto demuestra la importancia que tiene evaluar las especificidades locales para el logro de la sustentabilidad.
En nuestros países, el desarrollo de una capacidad científica y tecnológica juega un papel de primer orden, por lo que es necesario generar un espacio regional para emprender esfuerzos de este tipo, orientados hacia las demandas sociales y económicas internas, lo que exigirá el cambio tecnológico y la introducción de componentes de tecnología avanzada en las actividades productivas, prestando mayor atención a los recursos regionales y a la capacidad de regeneración del ecosistema.
Si bien el desarrollo sustentable descansa esencialmente en la fuerza endógena de transformación de cada sociedad, no puede reducirse sólo a ésta. El grado de internacionalización de la producción, resultado del vertiginoso desarrollo científico-técnico de las últimas décadas y las nuevas tecnologías, han posibilitado la profundización de la especialización internacional en el campo de la ciencia y la producción, lo cual implica un desarrollo de vasta cooperación entre los países. Por tanto, reviste una gran importancia en el contexto mundial actual, la cooperación entre nuestros países en la búsqueda de soluciones que les permitan avanzar en estas condiciones, desarrollando y transfiriendo tecnologías que se adapten a sus condiciones. Estaríamos hablando entonces de un desarrollo no solo sustentable, sino también solidario.
Lo acumulado hasta 1959 en Cuba, en lo referido a cantidad de científicos y especialistas, instituciones, tradiciones o información sobre la actividad científica y tecnológica, era prácticamente insignificante y abrumadoramente insuficiente en relación con las dimensiones del proyecto económico y social proyectado por la Revolución triunfante. Los primeros pasos dados en este sentido, estuvieron precedidos por la ejecución en 1961, de la Campaña Nacional de Alfabetización, que sentó las bases para que la actividad científica no se convirtiera en privilegio de algunas capas o grupos sociales. Al mismo tiempo, en algunos sectores del país se fueron creando centros de investigación que respondían a distintas necesidades sectoriales y ramales, agrícolas, industriales y de los servicios, así como a la necesidad de abordar otros complejos problemas como la alimentación y salud animal, planteados por el amplio programa de desarrollo económico y social adoptado en Cuba a partir de 1959. Así, prácticamente desde el mismo comienzo del proceso revolucionario, se inició un programa de industrialización que dedicó la tercera parte de todas las inversiones a instalar nuevas fábricas, invirtiéndose más de 20000 millones de pesos y creando nuevos empleos para el 20% de la fuerza laboral (Tablada Pérez, 1987). El 80% de las producciones de esas industrias se destinaba al uso y consumo interno y sólo la quinta parte, incluyendo en ésta a la industria azucarera, tenía como destino la exportación (Vilariño Ruiz, 1986). La mayor parte del nuevo equipamiento procedía del otrora campo socialista, con un gran peso en la antigua URSS. En la medida que hubo una evaluación externa favorable respecto a la consolidación del proceso político en Cuba y mejoraron en consecuencia, las fuentes de financiamiento en moneda convertible, aumentó la transferencia de tecnología desde países capitalistas desarrollados. Este flujo de tecnología llevó, a fines de los ‘70, a la promulgación de un reglamento para las inversiones que planteaba un sistema de evaluación social de la tecnología, el cual contenía, entre otros aspectos, los impactos ambientales de las tecnologías contenidas en una propuesta de inversión y las posibilidades de soluciones tecnológicas nacionales. Como se puede apreciar, este último aspecto equivalía al establecimiento de un mecanismo de desagregación de los paquetes tecnológicos con el objetivo de dar cada vez mayor participación a las instituciones nacionales en la generación local de ideas o involucrándolas de manera más sistemática, en las tareas del desarrollo económico y social del país, como se refiriera García Capote (1996), “...tratando de hacer desaparecer la mentalidad importadora y fortaleciendo la mentalidad productora y exportadora...”.
Debido a que se operaba en una especie de mercado interno cautivo, sin tener que exponer la producción a un cotejo internacional exigente y con una tecnología que, aunque no era la más avanzada, se obtenía en condiciones económicas muy ventajosas, en la industria que se fue estableciendo, se introdujeron muchas tecnologías con sensibles atrasos respecto a estándares mundiales que se manifestaron en grados consumos de energía, bajos niveles de automatización, escalas de producción desproporcionadas, esquemas técnico-productivos inflexibles y gran integración vertical (la preferencia hacia la autarquía empresarial y ministerial tenía sus orígenes en la falta de estimulación a la cooperación, dado el alto nivel de aseguramiento procedente de los países socialistas, así como las complejidades de los mecanismos para el suministro de insumos), lo que hacía a su producciones de alto costo y poco o nada competitivas para un mercado de libre concurrencia.
No sólo se trataba de tecnologías internacionalmente obsoletas, también la organización del proceso productivo presentaba serias deficiencias. Normas de conducta generalizadas en empresas de éxito en el mundo como, la orientación al cliente, la eficiente coordinación del flujo logístico, la reducción de inventarios y de tiempos de preparación, la participación activa de todos los empleados en la toma de decisiones y la integración estratégica con el suministrador y el cliente, no se encontraban en los primeros planos en las empresas cubanas.
Los factores mencionados, unidos a cierto “paternalismo” estatal hacia muchas empresas y a las disponibilidades monetarias, debido a las relaciones ventajosas con los países del otrora Consejo de Ayuda Mutua Económica (CANE), crearon un marco propicio para que la productividad, la calidad, la flexibilidad, la rentabilidad y otros factores competitivos no se situarán en primer plano en las empresas cubanas.
La destrucción del campo socialista asestó un duro golpe a la economía cubana que representó el cese de transferencias internacionales, la detención de proyectos industriales estratégicos de gran envergadura, la pérdida de clientes y proveedores seguros y de condiciones ventajosas de comercialización.
Los factores que caracterizaron hasta el momento del derrumbe, la política tecnológica cubana, están vinculados, según García Capote (1996) con:
En la actualidad, Cuba se encuentra aún lejos de haber alcanzado una estructura técnico-productiva con suficiente articulación y eficiencia como para permitirse un desarrollo autosostenido en las condiciones de la economía mundial contemporánea. Aunque dispone de una relativa abundancia de fuerza de trabajo calificada en numerosos perfiles, es un país bloqueado, con escasos recursos energéticos propios y con una economía abierta. Un gran número de productos que actualmente se importan, podrían producirse en fábricas aun paralizadas o semiparalizadas, lo cual no se realiza debido a una combinación de los efectos arreciados del bloqueo imperialista, a cierta “inercia empresarial”, a la desconfianza de los consumidores en la calidad de los productos nacionales, a la insuficiencia de mecanismos de financiamiento eficaces que faciliten la adquisición de insumos y a la falta de experiencia de muchos empresarios cubanos en el desempeño en mercados de competencia, entre otros factores.
Las tendencias que rigen las relaciones económicas y políticas internacionales, inducen a considerar la reconversión o reestructuración, con vistas a sustituir las estructuras productivas y organizativas existentes, por otras que se ajusten a las exigencias y perspectivas actuales, en correspondencia con los nuevos patrones internacionales. La reconversión tiene que partir de un análisis prospectivo de qué producir, para cuál mercado y en qué cantidades y calidades.
En este sentido, técnicas como el “benchmarking” han demostrado su gran utilidad en no pocas empresas que hoy poseen el liderazgo en sus respectivos mercados (Klein, 1993; Pulat, 1994; Adam, 1995). Por otra parte, el fomento de una actitud empresarial tiene que fundamentarse, además, en la promoción de un clima más competitivo en la economía cubana. Se necesita disminuir gradualmente la protección excesiva a la industria local, que pudiera provocar su crecimiento sin correspondientes mejoras en la productividad y en la calidad de los productos y servicios. Debe incentivarse la redacción del excesivo grado de diversificación en determinados renglones y la creación de condiciones que posibiliten el aprovechamiento de economías de escala. Debe complementarse la estrategia de aprendizaje, con esfuerzos de I&D en industrias prioritarias, de forma tal que se generen los conocimientos requeridos para lograr un seguimiento y asimilación efectivos de los nuevos adelantos en las áreas de interés y su adaptación a las condiciones locales. 0 sea, no se trata de aplicar medidas que promuevan artificialmente el consumo de productos nacionales, sino de crear las condiciones que permitan optimizar la eficiencia productiva, de manera que se genere una mayor competitividad de la industria local frente a la extranjera y de capital mixto.
El actual proceso de reordenamiento de la economía nacional y de los recursos nacionales del país impone la necesidad de seguir perfeccionando el actual Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica, organizando y precisando mejor el proceso de I&D a partir de los criterios ya definidos de prioridad nacional, ramal, territorial y de empresa o institución, priorizando el desarrollo de capacidades tecnológicas dentro del sector productivo y el aumento de la interacción tecnológica entre los distintos agentes del Sistema por medio de la constitución de redes de cooperación, así como el dominio y asimilación de la tecnología extranjera, tomando en consideración la necesidad del perfeccionamiento constante del proceso de formación técnica y de superación profesional y de postgrado de los trabajadores, así como la sistematización en la introducción de los resultados científicos, los cuales deben tener cada vez un más alto grado de terminación y viabilidad económica, acompañados por nuevos métodos y estilos de administración, donde la motivación represente un ente activo en las transformaciones tecnológicas y Económicas. O sea, la misión del actual Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica cubana debe ser la integración más eficaz de la generación de conocimientos científicos y tecnológicos con la utilización económica y social de los mismos, en busca de una competitividad que debe lograrse en el marco de un desarrollo sostenible y solidario.
Un factor primordial para incrementar la competitividad de las empresas lo constituye, sin dudas, la Gestión Tecnológica, teniendo siempre presente que sus rasgos son un producto de la historia y características de cada región y de cada territorio dentro de ésta así como de cada organización en particular, por lo que se necesita de un modelo o esquema empresarial que potencie esta importante actividad, integrándola de manera armónica, con el resto de las funciones que se ejecuten en la empresa (Brito Viñas, 1996).
En los Estatutos y Resoluciones aprobadas en el XVII Congreso de la CTC, se señala: “resulta imprescindible la incorporación de conocimientos en materia de tecnologías más eficientes, procesos productivos mejores y productos nuevos o mejorados de alta calidad, así como de gestión y técnica de mercado, que convierten la innovación en la clave para el éxito de las empresas” (Estatutos y Resoluciones aprobadas en el XVII Congreso de la CTC, 1996).
No obstante, todo lo anteriormente expuesto, el concepto de Gestión Tecnológica es relativamente reciente en el país. Se comienza a manejar de manera oficial, a partir del Primer Encuentro Nacional de Gestión Tecnológica, celebrado en Ciudad de La Habana, en 1993. Esto no significa que antes de esta fecha no se hiciera gestión tecnológica en Cuba. El proceso de industrialización llevado a cabo desde principios del proceso revolucionario, constituye una muestra de ello. Ejemplos más recientes son los desarrollos e innovaciones acaecidas en sectores como el biotecnológico, el farmacéutico y la industria azucarera, por sólo mencionar algunos.
La formación y desarrollo de recursos humanos es también un elemento que puede concebirse dentro del campo de la gestión tecnológica y es algo a lo que se le ha dado alto nivel de prioridad y dedicado cuantiosos recursos materiales, humanos y financieros. Estadísticas recientes de la CEPAL confirman este hecho, donde se puede apreciar que Cuba ocupa el primer lugar del conjunto de países de América Latina y el Caribe, con un 0,72% del Producto Interno Bruto destinado a estos fines durante los años ‘80, y con un 0,93% en los ‘90 (CEPAL, 1996). Si bien estas cifras deben continuar elevándose progresivamente, debe trabajarse también en el logro de una mayor eficacia en el uso de los recursos destinados a estos fines, alcanzando una mayor correspondencia entre éstos y los resultados reales obtenidos en función del desarrollo del país.