ISSN-L: 0798-1015 • eISSN: 2739-0071 (En línea) - Revista Espacios – Vol. 42, Nº 23, Año 2021
MONJE E.A. & SAN LUCAS M.F. «La necesidad de establecer políticas públicas gubernamentales en
Ecuador para garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores»
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), establece que el disfrute de la salud
debe darse en su nivel más alto posible, bajo dos aristas, la mental y la física, es decir, no basta la armonía del
cuerpo como existencia orgánica, sino también de la psíquica, de modo que, los Estados se comprometen a la
creación de condiciones que asegure a todos los ciudadanos la asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad, sin importar su edad o su condición económica.
Se debe agregar que el Estado debe garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores que tengan una
atención prioritaria y especializada, ya sea, en las casas de salud públicas o privadas, poner énfasis en el ámbito
de la inclusión social, económica, y protección contra la violencia; así también, son reconocidas como personas
adultas mayores aquellas personas que han cumplido los sesenta y cinco años de edad.
Cabe mencionar, además, que este grupo considerado como vulnerable tienen los siguientes derechos:
atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas; el trabajo remunerado en
función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones; la jubilación universal; rebajas en los
servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos; exenciones en el régimen tributario;
exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley; el acceso a una vivienda que
asegure una vida digna, respeto a su opinión y consentimiento, según los artículos 32, 36, 37 de la Constitución
de la República del Ecuador (2008).
La Ley Orgánica de las personas adultos Mayores (2019), en los artículos 9,46 y 59, menciona que uno de los
deberes principales del Estado es brindar una atención prioritaria a los adultos mayores tanto en las instituciones
públicas como privadas, sobre todo aquellos que padecen enfermedades catastróficas, además refiere que
tienen derecho a recibir medicamentos de manera gratuita y el acceso al servicio de salud de manera oportuna
y de calidad.
El Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar la salud de toda su población; cabe señalar que, se ha
determinado niveles de desigualdad, específicamente en los adultos mayores, sin embargo, en los últimos años
se observa un descenso importante; mientras el índice de Gini a finales de 2003 fue 0.627, para finales de 2011,
llego a 0.473 según la Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo – Instituto Nciional de Estadisticas y
Censos (SENPLADES-INEC, 2011).
Huenchuan (2009), menciona que el acceso al derecho a la salud y a la calidad de vida de las personas adultas
mayores se ve limitada por dos factores, el nivel educación y el nivel socioeconómico. A mayor nivel de educación
las personas tienen mayor posibilidad de acceder a un trabajo mejor remunerado y acceso al seguro universal;
mientras que, las personas con menor nivel educativo, tienen menor posibilidad de acceder al servicio de salud,
debido a que, obtienen trabajos informales y ningún tipo de seguro social.
De lo descrito en el párrafo anterior se puede colegir que, las personas adultas mayores tienen mayor posibilidad
de obtener una mejor calidad de vida al llegar a su vejez, gracias a su propio esfuerzo y no a una política pública
o programa del gobierno central. Al llegar a la vejez los únicos ingresos que tienen las personas del sector rural
son el apoyo familiar y lo poco que pueden producir en sus tierras.Por ello, el acceso a la salud no es equitativa
Cuando preguntan a las Personas Adultas Mayores (PAM) sobre su percepción de su condición de salud se hace
evidente que a medida que se incrementa la edad, la percepción de mala salud se incrementa y alcanza (entre
las personas de 75 años y más de edad) a un cuarto del grupo de encuestados. En este contexto, las percepciones
son importantes porque son hechos sociales que afectan en forma directa e indirecta las decisiones y acciones
que se toman frente a las condiciones objetivas de la salud (SABE, 2009-2010).