Vol. 40 (Nº 33) Año 2019. Pág. 8
CONTRERAS, Julio C. 1; AGUILAR-BARRETO, Andrea J. 2; PORTOCARRERO, Lorenzo 3; MIRA, Luz E. 4; AGUILAR-BARRETO, Clara P. 5 y AGUILAR-BARRETO, Yonatan A. 6
Recibido: 25/05/2019 • Aprobado: 15/09/2019 • Publicado 30/09/2019
RESUMEN: El conflicto armado y la pobreza, la falta de cultura ciudadana y de una adecuada educación para la convivencia convierten en uno de los principales móviles para la intolerancia en entre los ciudadanos en Colombia. El objetivo de este artículo es realizar algunas caracterizaciones de las prácticas sociales en formación para la investigación que potencian experiencias significativas de paz, equidad, reconciliación y educación ciudadana. Para alcanzar el objetivo de la investigación se realizó una revisión documental donde se analiza en primera medida, los conceptos de paz, ciudadanía, equidad y reconciliación, posteriormente se analiza el papel de las escuelas en la construcción de escenarios para la paz y la ciudadanía, y por último, se determinan y explican algunas de las prácticas sociales de investigación en el marco educativo que ayudan en la generación de experiencias para la paz y la ciudadanía. A través de una revisión de la literatura desde un enfoque crítico, se hizo un estudio de carácter fenomenológico interpretativo destacando los avances y retos para la promoción de prácticas sociales desde el contexto educativo. Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que la documentación y sistematización de prácticas sociales para la construcción de paz y ciudadanía son muy escasas, al menos en el contexto colombiano. |
ABSTRACT: Armed conflict and poverty, a lack of civic culture and an adequate education for coexistence make it one of the main movements for intolerance of citizens in Colombia. The aim of this article is to perform some of the characteristics of social practices in research training that foster significant experiences of peace, equity, reconciliation and citizen education. In order to achieve the objective of the research, a documentary review was carried out analyzing in the first instance the concepts of peace, citizenship, equity and reconciliation. Later, the role of schools in the construction of scenarios for peace and the citizenship, and finally, determine and explain some of the social practices of research in the educational framework that help in the generation of experiences for peace and citizenship. Through a review of the literature from a critical approach, a phenomenological interpretative study was made highlighting the advances and challenges for the promotion of social practices from the educational context. The results of the research show that documentation and systematization of social practices for the construction of peace and citizenship are scarce, except in the Colombian context. |
La alta tasa de actos violentos y homicidios en Colombia que tienen como motor la intolerancia, pareciera convertirse en una prueba fehaciente de tal afirmación. Esto llevaría a establecer que además de las causas tradicionales que se suelen referenciar, el conflicto armado y la pobreza, la falta de cultura ciudadana y de una adecuada educación para la convivencia convierten en uno de los principales móviles para la agresión entre los colombianos.
Para hacer frente al problema, y con ocasión de la negociación entre el estado colombiano y FARC, queda expuesta la necesidad nacional de una educación para la paz y la convivencia, que fomente en los jóvenes educandos valores ciudadanos, desde temprana edad. Si bien este postulado no es para nada nuevo, ya que durante las dos últimas décadas ha sido un tema recurrente de debate, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, que llevó a la inclusión de cátedras como ética o democracia en la educación escolar, la idea de una Colombia preparada para afrontar el post-conflicto ha hecho que el tema vuelva a tomar una marcada relevancia.
Siguiendo estos lineamientos, durante los últimos años el gobierno nacional ha buscado fortalecer el esquema educativo de competencias ciudadanas, que fuera introducido hace ya más de una década (Ministerio de Educación, 2004), con la idea de fomentar una cultura ciudadana de convivencia y respeto, transformando dichas competencias en uno de los ejes centrales de la educación en Colombia. En palabras del Ministerio de Educación (2012) formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz.
Recalcando de esta forma que la educación colombiana actual no sólo debe buscar cumplir con unos estándares de cobertura y de calidad académica, sino que debe también propugnar -de forma igualmente prioritaria- por la formación de personas con amplios valores ciudadanos, capaces de ejercer la tolerancia y el respeto, y de vivir en comunidad de manera pacífica y coordinada. Dentro de este contexto, el Ministerio de Educación (2012) define a las Competencias Ciudadanas como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática”. Al tiempo en que hace imperativo que tales competencias sean objeto de enseñanza a lo largo de toda la educación escolar, para cumplir de esta forma con los objetivos ya mencionados.
Sin embargo, la educación de las competencias ciudadanas acarrea algunas dificultades. Si bien son los centros educativos los llamados a impartirla, la simple educación teórica tradicional no basta para cambiar los patrones de conducta de los estudiantes o para promover de forma positiva sus valores. Como afirman Aguilar et al. (2017) El comportamiento organizacional que se vive en “la escuela” exige el desarrollo de un pensamiento sistémico en donde sus se integran para formar un todo. Si bien el tipo de formación desde esta concepción es necesario, es igualmente indispensable impulsar a los educandos a la reflexión y a la empatía, buscando para ello herramientas educativas que trasciendan de la clásica educación en las aulas y que los ayuden a identificarse y trabajar como grupo.
Cabe resaltar que en Colombia se ha hecho evidente la importancia de diseñar e implementar alternativas desde el ámbito pedagógico que permitan afrontar situaciones de conflicto y que a su vez generen en los docentes y estudiantes conductas, valores y actitudes que lleven a prevenir cualquier tipo de acción delictiva. Así lo expone Aguilera (2008: 33) quien realiza un diagnóstico sobre la prevención de delitos de lesa humana en jóvenes poblaciones, que dejan un cúmulo de experiencias valiosas relacionadas con la prevención del crimen y la defensa de Derechos Humanos en pro de un aumento de conductas pro sociales y solidarias.
Las Instituciones Educativas deben transformar su visión formadora consolidando los procesos formativos a la generación de investigación y su ajuste a las nuevas realidades que la sociedad de conocimiento están exigiendo, solo de esta forma la verdadera se cumplirá con su misión universal de construir sociedades a través de la Educación (Flórez Romero, et al., 2017). Es por lo anterior que la academia y las Instituciones Educativas ser convierten en espacios de prácticas sociales en investigación ciudadana e interacción, con el fin de ofrecer a los jóvenes escenarios en donde puedan realizar todo tipo de actividades curriculares y extracurriculares que favorezcan a la convivencia pacífica para prevenir los factores de riesgo de las conductas agresivas y potenciar la educación ciudadana de los estudiantes, fomentando la interacción social positiva y dando campo para cultivar la convivencia y la tolerancia.
El presente artículo busca caracterizar algunas de las prácticas sociales en formación para la investigación que potencien experiencias significativas de paz, equidad, reconciliación y educación ciudadana. Para ello se analiza en primera medida, los conceptos de paz, ciudadanía, equidad y reconciliación, posteriormente se analiza el papel de las escuelas en la construcción de escenarios para la paz y la ciudadanía; y, por último, se determinan y explican algunas de las prácticas sociales de investigación en el marco educativo que ayudan en la generación de experiencias para la paz y la ciudadanía. La metodología implementada en el desarrollo de este artículo está estructurada atendiendo al enfoque fenomenológico-interpretativo, con uso de métodos cualitativos que buscan describir las formas en que desde el ámbito educativo se trabaja para fomentar una cultura de paz a través de la formación de ciudadanos que promueven una sociedad más justa y equitativa. En cuanto al nivel, se trata de un estudio explicativo en la medida que busca caracterizar la función de las prácticas sociales de los entes educativos en la construcción de paz, equidad, reconciliación y formación de ciudadanía.
La paz es un constructo formado por cada cosa buena en el universo, es la utopía máxima del amor, el lenguaje donde todos los hombres logran entenderse sin importar lo que los diferencia. Sin embargo, la realidad es que la paz difícilmente existe en plenitud, la paz convive con una cotidianidad violenta. Se cataloga como un sentimiento, eso que se siente cuando se hacen las cosas bien o se dice la verdad, lo que invade el cuerpo al abrir los ojos y saber que no hay afanes y que se ha cumplido con todas las responsabilidades. Entonces la paz vendría a ser lo que nos hace humanos, lo que nos hace libres, aquello que se convierte en alas imaginarias para alzar vuelo porque todo ha estado y salido bien, porque todo se ha hecho de manera correcta y sin dañar a nadie.
Universalmente, la paz comienza en un momento en que una misma idea puede ser compartida por muchos, sin desacuerdos podría suponerse la paz como un algo existente pero innecesario (paz negativa), pues son las necesidades las que llevan al hombre a crear estados, cosas y/o avanzar. Resulta ser la paz la responsable de que cese el fuego y de que nazcan los acuerdos que le han permitido al hombre encontrar un orden social desde tiempo remotos dentro de la historia (paz positiva), por eso antes que en castellano se le nombrara paz, muchas formas afines a estas habían dado forma al constructo de lo que hoy se conoce como paz. Y actualmente en cada lengua existen diferentes formas para definirla, porque sin importar el idioma, la paz convive con cada perfil de un conflicto y con distintas maneras de violencia, donde la misma es añorada y buscada constantemente como un camino que libera del mal (paz imperfecta) (Peña, 2013).
El concepto de paz se ha construido en base a todos los conflictos que han encontrado su fin pacíficamente, esos donde se ha perseguido un bienestar y se ha conseguido, bien sea para beneficio de uno, de pocos, de muchos o de todos. Actualmente, la preocupación de la paz son las guerras, la carrera armamentista, los focos de violencia centralizados. Estos aspectos desde diferentes ámbitos afectan a las sociedades, irrumpen el orden, las destruyen. Hoy por hoy las guerras persiguen poder, no buscan el orden, los conflictos son desmedidos y sus consecuencias catastróficas. Entonces bien, la investigación para la paz nace como respuesta para la barbarie que viene viviendo la humanidad desde hace varias décadas atrás (Muñoz, 2008).
En el caso de Colombia, la paz no sólo hay que negociarla con grupos al margen de la ley, sino que hay que construirla y promocionarla en todos los ciudadanos, pero de forma especial en los niños que serán con el tiempo miembros activos de la sociedad, ciudadanos y líderes. La construcción de una cultura de la paz es un proceso que parte de un cambio de mentalidad individual y colectiva, y en este sentido es primordial el papel del sistema educativo. Si los niños y niñas colombianos, son educados en valores desde edades tempranas, los resultados tendrán un impacto positivo en la ciudadanía de carácter irreversible, cuando lleguen a jóvenes para después convertirse en adultos (Muñoz, 2014).
Ahora bien, el concepto de ciudadanía en las últimas décadas ha logrado tener una verdadera trascendencia por los significados y prácticas que representa, por lo que ha impregnado el ámbito de las ciencias sociales desde sus actividades investigativas. Por ello, la ciudadanía es en la actualidad un objeto de estudio para las ciencias sociales. Atendiendo al carácter complejo de las ciencias, es factible asegurar la relación que subyace entre la ciudadanía y otros elementos, por lo que es observable la relación entre ciudadanía y constructos como política, derechos, cultura, práctica, estatus, educación, entre otros. Para Kymlicka & Norman (1994) el término ciudadanía “resuena a lo largo del espectro político”, esto significa la principal relación que tiene con lo político, haciendo aún más compleja su naturaleza.
El concepto de ciudadanía tiene una relación muy estrecha con la política pues la función que nace de la práctica ciudadana está vinculada a la noción de permanencia del hombre en sociedad. Por lo anterior, es posible advertir que con la ciudadanía se logra construir sujetos políticos. Menciona Arendt (1997) que con la política se posibilita el “estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las diferencias”. Estas diferencias que son permanentes dentro de los grupos sociales impulsa la organización social de los sujetos y su posición o rol frente a la colectividad, así como su identidad y pertenencia se demuestra a través de lo que llaman la ciudadanía.
Para ejercer la ciudadanía es fundamental la comprensión y el reconocimiento de los derechos, por lo que el desconocimiento de los mismos es un impedimento para el ejercicio de la ciudadanía pues más allá de un estatus comprende una práctica dinámica desde el individuo hacia la sociedad. Para García (1995) la ciudadanía indica un “estado de la lucha por el reconocimiento de los otros como sujetos de intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas” y para Sojo (2002) la ciudadanía se manifiesta en la “auto-comprensión dominante que se define como portadora del contenido integrador de la sociedad”. La existencia de valores, normas y reglas colectivamente diseñadas, aceptadas y puestas en práctica fortalecen el papel del ciudadano y su reproducción puede y debe ser objeto de instituciones llamadas a dicho fin.
Las maneras en que las organizaciones sociales construyen ciudadanía con fines políticos son muy diversas. Estos roles los ha asumido instituciones mediáticas que ostentan un poder simbólico como la iglesia o la escuela (Thompson, 1998). Acentuando la relevancia del rol que cumple la escuela en los procesos de socialización, cabe afirmar la responsabilidad que tiene en la construcción de ciudadanía y en la configuración de una nueva política en estas sociedades latinoamericanas a las que se les ha postergado de forma irracional soluciones a sus problemas sociales (Valencia, 2006). En efecto, la grave crisis de las sociedades actuales cuyas manifestaciones son muy diversas son un reflejo de la necesidad imperiosa de hacer transformaciones en todos los órdenes, como si se tratase de un sistema, para postergar la organización social y la supervivencia del hombre. En ello el Estado y la sociedad civil tienen una responsabilidad significativa, y aún más las instituciones que tienen por función la formación de ciudadanos.
La escuela entendida como el espacio de socialización, es decir, de intercambio cultural y la educación como el proceso de reproducción y transformación cultural, permiten dar una trascendencia especial en la construcción de ciudadanía y de sujetos políticos. Es necesario abordar la educación desde la cultura y ello significa el diseño y desarrollo de procesos de transformación y reproducción a partir de la socialización que permiten la construcción de sociedades perdurables. Ello exige de la educación una responsabilidad en la formación de ciudadanos y de sujetos políticos, que permitan en una sociedad como la colombiana posibilidades de mejorar la convivencia.
La escuela representa para la nación el lugar institucionalizado que permite el abordaje de los nuevos ciudadanos atendiendo a la naturaleza política del mismo hombre. De allí, que el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional estipulara un conjunto de estándares para la formación de ciudadanía al interior de las escuelas. Deberá entenderse, en este sentido, que un estándar es aquello que se espera que se aprenda (Ravitch, 1995) y un estándar en ciudadanía aquellos mínimos epistemológicos y prácticos a los que debe acceder cada sujeto de acuerdo al nivel en que se encuentra.
Los conceptos de equidad y reconciliación se encuentran íntimamente relacionados con las nociones de democracia, ciudadanía y paz. Básicamente, la equidad corresponde a un término que se puede interpretar desde el ámbito político y social. Por un lado, hace referencia a la igualdad entre sujetos tanto en derechos como deberes sin importar condiciones como raza, origen, estatus o condición socio-económica. Y así mismo, tiene relación con la igualdad de oportunidades de las personas para acceder a mejores niveles y condiciones de vida. Por otro lado, la reconciliación en materia política está sustentada en las capacidades de los sujetos y grupos para llegar a acuerdos conforme a los intereses que persiguen. En contextos marcados especialmente por la violencia y el conflicto armado, la reconciliación es una herramienta que permite llegar a la paz, y por ende, a la potenciación de las prácticas ciudadanas y a la mejora de los niveles de equidad.
En términos conceptuales, las prácticas sociales de investigación para la promoción de experiencias para la ciudadanía, la paz, la equidad y la reconciliación ponen de manifiesto algunos aspectos retratados en la literatura. Uno de los acuerdos conceptuales entre los expertos en materia educativa, es la de considerar la educación como un proceso asociado a la cultura del sujeto por lo que su objeto es la misma cultura y la misión es la de tomar estas formas culturales y extenderlas a las futuras generaciones a fin de mantener una organización social y mejorarla hasta los más altos niveles. Por ende, la socialización y adaptación son parte de los elementos estructurales de la educación (Dewey, 2004) y los procesos de formación. De acuerdo a los aportes de Ball (2001) la educación utiliza algunos contenidos que permitan “la normalización de los principios e instituciones sociales de la sociedad moderna” y estos se encuentran relacionados con la política, la economía y la historia a fin de formar seres humanos como sujetos, es decir, con reconocimiento de que merece respeto por la dignidad que le asiste de manera natural. La socialización menciona Valencia (2010), siguiendo la línea de Bourdieu y Passeron (2001), corresponde a un proceso en el que se impone y transmite una cultura, y para llevar a cabo dicho fin son necesarias las estrategias pedagógicas y comunicativas.
Díaz (2004) observa la escuela como la primera posibilidad que tiene la persona para tener una vida pública en donde la socialización con los otros permite la transmisión de una cultura. La escuela al construir ciudadanía lo que hace es fomentar las condiciones necesarias para que esto ocurra (De Roux, 2004), es decir, garantiza las libertades para que se pueda ejercer la ciudadanía de forma natural y espontánea. El tema de la educación en relación con la ciudadanía no es un tema nuevo. Ya desde la antigüedad, siglo V a.c., la educación tuvo su origen, inicialmente para la formación de los dirigentes del imperio, sin embargo, con posterioridad, el pensamiento de Aristóteles concibió la educación como un instrumento necesario para todos los ciudadanos y de especial cuidado.
La ciudadanía y los derechos no son la manifestación de una estructura social únicamente, sino que “indican el estado de la lucha por el reconocimiento de los otros como sujetos de intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas” (García, 1995). La ciudadanía en el marco de los derechos se refleja como la “auto-comprensión dominante que se define como portadora del contenido integrador de la sociedad, a menudo en una afirmación que no admite validación empírica” (Sojo, 2002).
Ahora bien, la ciudadanía se integra al discurso político por cuanto aglutina las “exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria” representado en la “idea de derechos individuales y la noción de vínculo con una comunidad particular” (Kymlicka y Norman, 1997). Coherentemente, Kymlicka (1996) reconoce una ciudadanía multicultural en el marco de los derechos diferenciados de grupo entendida como la “adopción de derechos poli-étnicos, de representación o de autogobierno específicos en función del grupo”. Esto significa que, en el campo de la ciudadanía, el reconocimiento de ciertos derechos permite la construcción de ciudadanía particulares con características especiales por lo que se podría hablar de una ciudadanía para la pluralidad cultural.
En el proceso de construcción de ciudadanía la escuela cumple una función realmente significativa. Para Calle (2007) la ciudadanía en toda se plenitud se concreta en habilidades y conocimientos, es decir que la ciudadanía se desarrolla a nivel cognitivo y cultural. En la actualidad la formación en ciudadanía es fundamental en coherencia con las características de las nuevas sociedades. Chaux, Lleras y Velásquez (2004) explican que en el caso colombiano las competencias ciudadanas se enmarcan en la búsqueda una sociedad “democrática, pacífica, equitativa e incluyente” en donde no se pueda hacer un manejo efectivo del conflicto, permitiéndole a las “partes involucradas, […] por medio del diálogo y la negociación, encontrar salidas al conflicto en las que los intereses de todas las partes resulten de alguna manera favorecidos” (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004).
En el espectro colombiano, las habilidades y conocimientos relacionados con la construcción de ciudadanía para su tratamiento desde la escuela están centrados en los estándares para las competencias ciudadanas. Estas son “habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que se deben potenciar desde la niñez, a través de la educación en el hogar, para aprender a vivir, convivir y actuar constructivamente como miembro de la comunidad” (Calle, 2007). Pero en este proceso de reflexión y de consenso sobre lo que es la ciudadanía y lo que se espera para la construcción de la misma desde las escuelas, no se han diseñado procesos para alcanzar dicho logro.
Históricamente la formación ciudadana se ha enfocado en la adquisición, por un lado, de conocimientos y por otro, de valores. En el primer caso se hace énfasis en la apropiación de conceptos relacionados con los derechos, obligaciones, estructura del Estado, los mecanismos de participación, entre otros. En el segundo caso, se potencia la comprensión de valores y su uso con significado dentro de la vida cotidiana y reflejado en la conducta de los sujetos (Chaux, et. al., 2008).
En contraposición a este esquema implementado para la formación en ciudadanos, la formación en competencia sugiere que el individuo en formación es capaz actuar poniendo sus valores y conocimientos en contextos específicos. Para ello, el modelo de competencias ciudadanas ha incorporado en su programa cuatro tipos de competencias: emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras. Sin embargo, en todo este proceso la comunicación juega un papel fundamental pues este es el camino que permite la socialización, el encuentro con el otro, en otras palabras, la confrontación con la diferencia.
Al hacer una revisión desde los lineamientos educativos nacionales al respecto la Ley 115 de 1994 señala en su artículo 14 que se hace obligatoria la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos. En el mismo sentido, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional (2003) describe a la escuela como un “escenario privilegiado, pues allí aprendemos a vivir juntos, a trabajar en equipo y a identificar nuestras particularidades y diferencias en una permanente interacción con otros seres humanos” y además especifica que en el caso de Colombia la formación para la ciudadanía no ha recibido ni la atención ni el énfasis que merece ya que los procesos se realizan de forma espontánea y en ausencia de la reflexión.
Chaux, Lleras y Velásquez (2004) al referirse a las competencias ciudadanas y de sus funciones explican que estas propenden por impulsar la convivencia pacífica, construir acuerdos de forma colectiva y recrear una ciudadanía en donde pueda convivir en la diferencia con el otro, por lo que las competencias ciudadanas propuestas por el MEN toma esos tres ejes: convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática; y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
En el mismo sentido, cabe destacar que están organizados en tres núcleos temáticos: a) convivencia y ciudadanía; b) participación y responsabilidad democrática y c) pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Al hacer una primera reflexión de estos elementos estructurales de las competencias ciudadanas se puede mencionar que estos se ajustan a los conceptos desarrollados por diversos autores en torno al constructo de ciudadanía.
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) (2010) señala que en la década pasada se realizaron tres evaluaciones (2002-2003, 2005-2006 y 2009) en los grados quinto y noveno. Las dos primeras evaluaciones incluyeron la valoración de las competencias ciudadanas. Estas pruebas, de acuerdo a Chaux (2007) propician un aumento en los ambientes democráticos y un incremento en las condiciones positivas que ofrecen espacios socializadores como el barrio, la escuela y el hogar.
De esta manera, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional en apoyo de la rama legislativa han desarrollado un marco que permite a las instituciones educativas realizar acciones en torno a la educación para la ciudadanía. Las políticas diseñadas en torno a este tema son la respuesta a una necesidad imperante dentro de la sociedad colombiana y por ello se ha intentado dar un esquema de acción que permita a las escuelas contribuir en la formación de ciudadanos.
Los altos niveles de violencia y de indiferencia respecto de los asuntos públicos y políticos son una evidencia de la necesidad de abordar la situación no desde el aparato judicial sino desde los mismos procesos socializadores y educativos a los que se ven expuestos los hombres. Una formación ciudadana coherente implica de la reflexión disciplinada en torno a todo el marco creado por el Estado. Ello implica, por ende, un análisis curricular y del plan de estudios además de la capacitación del cuerpo de maestros que muchas veces encuentran como extraños y poco importantes este tipo de procesos. De la misma forma, en el campo de la formación de ciudadanía es fundamental analizar la organización institucional, los espacios de concertación y la construcción de los llamados manuales de convivencia que en muchos casos no propenden por el alcance de las competencias ciudadanas descritas por la Ley.
La ciudadanía en la actualidad es uno de esos temas que resultan significativos para las disciplinas de las ciencias sociales. Para la educación constituye un importante campo de reflexión y producción académica, pues la sociedad del nuevo siglo se encuentra en una verdadera crisis en donde los problemas sociales y éticos son cada vez mayores. La educación ha sido institucionalizada para desarrollar procesos que permitan la socialización de las formas culturales entre los sujetos, y esto incluye la aceptación de la diferencia y de la pluralidad cultural.
Los diseños de modelos pedagógicos son esenciales pues no es oportuno ni efectivo abordar la formación desde el vacío. Es necesario el análisis, la reflexión y la coherencia entre lo que se hace y las necesidades que tienen las comunidades de aprendizaje y las exigencias de la sociedad. Hoy más que nunca se debe propender desde las escuelas por el fortalecimiento de los espacios para la sana convivencia, la construcción de lo público y la interpretación del interés general.
La ciudadanía y su construcción desde las escuelas, dando un papel relevante a la educación a través de sus procesos de enseñanza – aprendizaje. Por ejemplo, Sánchez (2008) expresa que la educación para la ciudadanía debe abordarse desde cuatro modelos: “La ciudadanía que requiere Colombia consideramos que debe comprender cuatro modelos de ciudadanía: ciudadanía multicultural, ciudadanía intercultural, ciudadanía democrática y ciudadanía democrática radical, los cuales nos pueden ayudar a alcanzar un modelo de sociedad democrática, pluralista, intercultural y equitativa en Colombia” (Sánchez, 2008).
El modelo de educación para la ciudadanía desde la multiculturalidad supone la integración en las escuelas de la diversidad y de su inclusión en el currículo escolar a fin de trabajar en pro de las minorías. El modelo de educación para la ciudadanía intercultural, exige la adopción y comprensión de la cultura local y global, lo cual “requiere enfrentar una serie de dificultades político-económicas devastadoras, relativismo cultural, ausencia de una formación intercultural del profesorado, propuestas curriculares concebidas desde una visión etnocéntrica, etc.” (Sánchez, 2008). La educación para la ciudadanía democrática exige orientar a los sujetos hacia una cultura cívica y el conocimiento de las instituciones públicas. Por último, la ciudadanía democrática radical enfatiza en la promoción de valores como la igualdad, la justicia, la libertad, etc. a fin de reconocer los derechos y ejecutar acciones para alcanzar sociedades más justas y equitativas, haciendo necesario fortalecer la competencia cognitiva que permita propender por una formación orientada en y hacia la ciudadanía, la comprensión política del rol de los jóvenes en la sociedad, y el sentido de construir cotidianamente comunidad mediante la participación y el reconocimiento del otro”. (Padilla, 2011).
Sánchez (2008) se focaliza en las diferencias culturales y en las necesidades que como nación deben ser satisfechas en materia de ciudadanía, sin embargo, otros trabajos abordan otra perspectiva de análisis. Por ejemplo, Gonzélvez (2011) explica la educación para la ciudadanía atendiendo a la cultura digital que imperante, cada vez con mayor fuerza, en la sociedad del conocimiento y de la información. En su estudio el autor describe la “necesidad de educar no solo en los usos técnicos y eficientes de las tecnologías comunicativas, sino también en el uso responsable y cívico de las mismas, favoreciendo así los procesos participativos y deliberativos que son el sustento de una democracia viva”. Así mismo, el autor aborda el tema de la cultura digital como nuevo espacio de socialización, es decir, de transmisión cultural y crítica la noción de que este tipo de socialización conduce a reducir los espacios discursivos. De la misma forma, plantea orientaciones educativas para que a través de la tecnología se desarrolle la ciudadanía digital y los valores que le son propios a las sociedades democráticas.
Existen otros estudios que hacen una comparación entre diversos países en relación con la educación para la ciudadanía desarrollados por cada uno. En este campo se inscribe el elaborado por Espinola (2005) comisionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Educación para la Ciudadanía y la Democracia para un Mundo Globalizado: una Perspectiva Comparativa. De acuerdo a este estudio, aparece en el contexto de los países de América Latina y del Caribe un conjunto de acontecimientos en el terreno de lo económico y lo político que para la educación ciudadana resulta ser esencial y de tipo instrumental para el fomento de la participación cívica. También señala la investigadora que “la educación ciudadana está estrechamente relacionada con los desafíos que plantean la equidad y la pobreza” (Espinola, 2005). En este mismo informe, se recogen las experiencias de varios países entre estos, Colombia.
Para el caso de Colombia Jaramillo (2005, p. 91) señala, aunque crudamente, que “la única ventaja de la situación de tanta violencia que se vive en Colombia es que no hay que justificar un programa de competencias ciudadanas”. Al referirse al programa de competencias ciudadanas diseñado y desarrollado para Colombia especifica que este “se trata de un programa en competencias y habilidades para la vida, que busca un cambio verdadero en el comportamiento social y político de las personas” que contribuye a la mitigación de la violencia y “puede servir como laboratorio para el resto del mundo puesto que en todas partes hay conflictos y violencia, en todas partes hay poca participación en las decisiones políticas, en todas partes hay discriminación y exclusiones sociales, en todas las escuelas se imparten currículos ocultos, etc.” (Jaramillo, 2005). Siendo de este modo, y frente a los problemas sociales, la educación para la ciudadanía obliga a la educación a construir unos nuevos fines los cuales explica Martín (2006).
Martín (2006) estima que la educación para la ciudadanía pone de manifiesto la reflexión acerca de los fines que debe cumplir la educación, pues ya no se trata de ostentar un cúmulo de conocimiento, sino que es necesario “educar para valorar [es decir], reconocer la importancia de lo axiológico en la formación del individuo, favoreciendo el desarrollo del juicio moral y el juicio estético”. Ejemplo de este impulso que genera la necesidad de formar ciudadanos y sujetos políticos se puede inferir del trabajo de Martínez (2006) quien amplía el campo de enseñanza-aprendizaje de la formación ciudadana hasta la universidad. Para Martínez (2006) una de las “funciones de la formación universitaria es de carácter ético y que no puede entenderse una formación universitaria de calidad que no incorpore de forma sistemática y rigurosa situaciones de aprendizaje ético y de formación ciudadana”.
El estudio de Funes (2000, p. 94) plantea un conjunto de estrategias para la mejora de los climas escolares y comunitarios en función de generar experiencias que conduzcan a dinámicas pacíficas. Este autor describe que las estrategias deben estar centradas en el fomento de las habilidades sociales específicas, lo cual se traduce en la apertura del diálogo y la comunicación, la socialización de mecanismos para la negociación y la mediación, y el aumento considerable de la participación entre cada uno de los actores que integran los conflictos socio-escolares. Un aporte central de este documento a nivel conceptual y reflexivo es la descripción válida que se hace en torno a la forma en que, erróneamente, las escuelas buscan desarrollar actitudes y aptitudes para la paz, la ciudadanía, la reconciliación y la equidad. En este marco, las escuelas tradicionalmente implementan “castigos, amonestaciones, partes, expedientes” entre otros, que demuestran la baja capacidad de las escuelas para asumir estos retos. En efecto, las escuelas buscan a través de un régimen de sanciones y una tipificación de las conductas, un mayor control sobre la convivencia y la disciplina, pero que en todo caso no resulta nada pedagógico ni educativo.
Al igual que Funes (2000), la investigación de Pérez (2002) pone de manifiesto la mediación como una de las principales prácticas sociales que se llevan a cabo en diferentes escenarios, entre estos, la escuela. Ya desde la década de los 60 en Estados Unidos se ha implementado la mediación como una herramienta y una práctica para fortalecer la paz en las escuelas, en donde se incluye programas formales de mediación paritaria, entre pares y entre docentes y estudiantes. Por lo general, estos programas de mediación tienen como objetivos “prevenir la violencia y peleas entre los alumnos y otros miembros de la comunidad educativa y enseñar habilidades para la solución de disputas” (Pérez, 2002, p. 7).
El estudio de Salazar, Castelán y Ramírez (2005, p 147) pone de manifiesto un conjunto de estrategias a nivel educativo que buscan la disminución de la violencia y el maltrato en ambientes escolares. Para los autores, “ambiente escolar estimulante, cálido y seguro, es la base para impulsar la mejora académica, pero también para prevenir la violencia y para combatir las adicciones”. Algunas de las experiencias exitosas documentadas demuestran que es necesario para la promoción de la paz y la equidad la formulación y adopción de reglas colectivas con una fuerte participación de los actores, así como el liderazgo de los directivos para promocionar dichas prácticas. Así mismo, la investigación demuestra la implementación de actividades lúdicas y deportivas para la promoción de la paz, la ciudadanía y la reconciliación, como también talleres dirigidos a los padres de familia, la capacitación de docentes para la prevención y el manejo de la violencia, el desarrollo de programas radiales manejadas por los mismos estudiantes, vigilancia en el ingreso de elementos o materiales de riesgo a las escuelas, entre otras.
La revisión de la literatura pone de manifiesto que la documentación y sistematización de prácticas sociales para la construcción de paz y ciudadanía son muy escasas, al menos en el contexto colombiano. Esto no implica que no se planean ni se desarrollen experiencias innovadoras en este campo, pero la ausencia de la investigación formal en las escuelas ha conducido a que buenas prácticas sociales no se registren en las bases de datos académicas y científicas.
La función socializadora de la escuela ofrece la oportunidad para la formación de ciudadanos y sujetos políticos, esto significa que posibilita el encuentro con el otro de una manera constructiva y comunitaria a través del desarrollo cognitivo y conductual. Hasta el momento la información recolectada y sistematizada se concentra en ciertas experiencias y a nivel nacional sólo las pruebas de Estado en dos oportunidades permiten evidenciar algo del estado actual de la formación de ciudadanos y sujetos políticos (Aguilar-Barreto, Rodríguez y Aguilar-Barreto, 2018). Pero sólo en los micro-espacios y en contextos específicos es que se puede hacer una aproximación a los verdaderos avances en materia de ciudadanía.
Lo importante de este proceso es la construcción de escenarios que posibilite la adquisición de competencias (conocimientos puestos en escenarios específicos) que le permita a los niños, niñas y jóvenes el encuentro con el otro y la construcción de consensos y acuerdos a partir de las diferencias. Es de urgente necesidad en este sentido que la evaluación de las competencias ciudadanas se realice de forma permanente a fin de revisar su impacto en las escuelas (Aguilar-Barreto, et al., 2018)
De la misma forma, una de las recomendaciones que surgen de esta revisión es la necesidad de reflexionar sobre los aspectos culturales asociados a la población estudiantil. Las competencias ciudadanas deben atender al nivel cultural de los sujetos y en este espectro es fundamental identificar las particularidades de las comunidades a fin de repensar la política nacional en coherencia con las necesidades sociales.
Aguilera, A. (2008). Análisis de los programas de prevención del crimen y promoción de los derechos humanos en Colombia. Criminalidad, 50 (2): 31-41.
Aguilar Barreto, A. J.; Jaimes Duque, D. G. y Rodríguez Celis, T. (2017). Comportamiento organizacional escolar: Factor incidente en las prácticas pedagógicas. En: Prácticas pedagógicas. Maracaibo, Venezuela. Ediciones Universidad del Zulia.
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Articulo derivado de proyecto investigativo trasversal, entre las Facultades de Derecho y Facultad de Educación y Ciencias sociales del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria
1. Ingeniero Industrial. Magíster en Administración de Empresas, Especialista en Ingeniería de Operaciones en Manufactura y Servicios, Orcid.org/0000-0002-5179-5400. Director de planeación del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria
2. Doctora en Educación, Posdoctora en Educación, innovación educativa y TIC. Abogada; Administradora pública y Licenciada en Lengua Castellana. Especialista en Orientación de la conducta, Especialista en Administración Educativa. Orcid: orcid.org/0000-0003-1074-1673. Decana de Facultad de Educación del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria
3. Administración de Empresas. Magister en Administración, Especialista en Finanzas, Especialista en Banca y Finanzas, Especialista en Finanzas Públicas, Doctor (C) en Administración. https://orcid.org/0000-0002-3419-5112. Rector del Tecnológico de Antioquia –Institución Universitaria
4. Doctora en Ciencias jurídicas. Abogado, Magister en Derechos Humanos, Democracia y Derecho Internacional, Especialista en Tutela Jurídica de los Derechos Humanos, Especialista en Derecho Penal Internacional, Especialista Derechos Humanos Democracia y globalización. Orcid.org/0000-0001-8686-0519. Decana de Facultad de Derecho del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria
5. Abogada. Magister en derecho Público, Especialista en Derecho Contencioso Administrativo. Orcid.org/0000-0003-1185-5154
6. Abogado. Asesor jurídico pasante en Secretaria de Educación Municipal de Cúcuta. Orcid.org/0000-0003-0905-0242