Francisco García Fernández y Oscar Chassagnes Izquierdo
La teoría económica neoclásica sostiene que el crecimiento y la distribución equitativa se oponen por naturaleza propia, pues una distribución que no corresponda a aquella que brota de las leyes del mercado, distorsiona el mecanismo del ahorro, fuente indispensable de la inversión. Incluso las concepciones más modernas plantean que las políticas deben acompañar el funcionamiento del mercado, no ir en su contra, evitando costosas políticas redistributivas del Estado del Bienestar General (Lacave, 2000, p. 74). Alterar este mecanismo supondría, trastornar la propensión al ahorro de los sectores de más altos ingresos y por consiguiente, que desaparezcan las fuentes del crecimiento económico. De esta forma, la desigualdad acompañaría inevitablemente todos los intentos de desarrollo económico. Las experiencias internacionales enseñan, en diferentes latitudes, como en América Latina (Brasil, por ejemplo), casos de países con crecimiento y elevadísimos niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos. Los países del Sudeste Asiático (nos referimos a la primera generación de los "nuevos países industrializados"), por el contrario, han combinado crecimiento económico acelerado y niveles de distribución con menos disparidades sociales (Fanjzylber, 1989, p. 87).
Para el caso de Cuba, enfrascada en el intento de instrumentar un proyecto de desarrollo propio, la necesidad de combinar el crecimiento económico, sin una pérdida de equidad sustancial, constituye un reto teórico y práctico y una condición sine qua non para la perdurabilidad del proyecto mismo.
Las políticas de innovación han tomado auge en la última década, precisamente ante el reto de competitividad que el cambio tecnológico acelerado le ha planteado a todas las economías. Es un hecho, que la globalización, así como la liberalización de los mercados financieros al limitar drásticamente el campo de acción de las políticas fiscal y monetaria abrieron un espacio a estas políticas como instrumentos alternativos. Los países de la Unión Europea, indiscutiblemente, son los que marchan a la cabeza del debate teórico acerca de la implementación de esas políticas y de la creación de estructuras a través de programas y directivas de la Comisión Europea.
Estas políticas se han convertido en un arsenal de instrumentos de transformación y regulación, ante el rechazo a las tradicionales políticas sectoriales de intervención anteriormente utilizadas. Las políticas de innovación comprenden un conjunto de acciones de incentivo e impulso a las actividades de innovación industrial y desarrollo tecnológico, donde hasta ahora el principal instrumento utilizado, ha sido el gasto público en Investigación y Desarrollo.
Una de las definiciones más aceptadas en el mundo académico se la debemos a Lundvall y Borras, que entienden las políticas de innovación como “...el conjunto de elementos de política científica, tecnológica e industrial cuyo objetivo explícito es promover el desarrollo, la difusión y el uso eficiente de nuevos productos, servicios y procesos en mercados o al interior de organizaciones públicas y privadas” (Lundvall et. al., 1997, p.12 ).
Otra definición cercana a la anterior, pero con un alcance menor, entiende por políticas de innovación al “...conjunto de acciones políticas dirigidas a elevar la cantidad y la eficiencia de las actividades innovativas, referidas a la creación, adaptación y adopción de nuevos o mejorados productos, procesos y servicios” (Cowan et. al., 2000, p.18).
Una de las primeras propuestas de políticas de innovación fue la de Rothwell y Zegveld (1981). Este enfoque hace énfasis en la utilización de los siguientes instrumentos de las políticas públicas:
En cuanto a los objetivos de esas políticas, las propuestas mas recientes incluyen metas más amplias que las políticas tradicionales de intervención en estas áreas, pues pretenden, además de resolver los problemas de escasez de producción de conocimientos científicos y tecnológicos, contribuir al problema básico de desarrollar capacidades de aprendizaje en las organizaciones (Lundvall, et.al., 1998, p.).
En el trabajo mencionado de los autores anteriores, se destacan las tres principales líneas de acción que es necesario tomar en cuanta si se pretende instrumentar una política orientada a la innovación, a saber (Lundvall, et. al., 1998, p. ):
En el último documento de la Unión Europea sobre las políticas de innovación, “Innovation Tomorrow” (European Commission, 2002), se ofrece el enfoque más amplio y flexible que de estas políticas ha aparecido. Se insiste, a partir de un desarrollo ulterior de los trabajos de Lundvall (1997) y de Cowan R. y G. Van de Paal (Cowan et. al., 2000) en el tránsito a una “nueva generación de políticas de innovación”, de carácter horizontal, donde el énfasis fundamental se debe realizar en la acción coordinada con otras políticas (relaciones de flujo), que conviertan a la innovación en el centro de atención de cada una de ellas, tales como: comercio, competencia, propiedad intelectual, empresa, investigación, tecnologías de la información y comunicaciones, capital de riesgo, educación, cultura, impuestos, regional, empleo y medio ambiente.
Con la aceleración del cambio tecnológico, el papel determinante de la innovación para el bienestar presente y futuro de las naciones y la pérdida de eficacia en la capacidad de regulación de las políticas macroeconómicas, las políticas de innovación se han ido transformando en un grupo de herramientas cada vez más necesarias en la gestión de los gobiernos para incrementar la competitividad de sus economías.
Para los países subdesarrollados las metas de competitividad son urgentes dado el retraso o ausencia de capacidades innovativas y tecnológicas instaladas en comparación con los países desarrollados. Sin embargo, estas políticas no pueden estar ajenas a las metas de equidad en tanto, los problemas de desigualdad social, son una realidad cotidiana en estas latitudes y son un obstáculo decisivo para la consecución de las metas del desarrollo y del bienestar social. Mucho más presente a partir de los años 80, con la instrumentación de la políticas neoliberales que acentuaron la concentración de los ingresos y el incremento de la pobreza y la marginalidad.
La propuesta que sugerimos parte de la consideración, de que las políticas de innovación deben integrar adecuadamente el objetivo de competitividad y la búsqueda y mantenimiento de la equidad, como la combinación lógica y adecuada capaz de transformar las economías subdesarrolladas en economías que sustenten su crecimiento económico, a partir de niveles superiores de competitividad con base en la innovación científica y tecnológica. En caso contrario, la sustentabilidad de un proyecto de desarrollo partiendo de condiciones de subdesarrollo, no estaría garantizado, pues la equidad vista desde la redistribución se lograría, sobre todo como intento, a partir de los ingresos generados y recaudados por parte del Estado, con fuentes que proceden de la exportación de productos de bajo valor agregado.
Los ingresos que provienen de la especialización intersectorial histórica sobre la base de ventajas comparativas del país, constituyen un capital acumulado en términos de infraestructura, fuerza de trabajo entrenada, experiencia, tecnología propia, con mercados ya establecidos y con la posibilidad de abrir nuevos. Sin embargo, constituyen producciones con baja elasticidad-ingreso de la demanda, poca intensidad de las economías de escala, precios con carácter cíclico muy acusado con tendencia regular a la baja y bajo potencial de incorporación de innovaciones tecnológicas. Es conocido que muchos de sus productos compiten con sustitutos en los mercados. Al respecto Fanjzylber plantea: "estos logros (se refiere a aquellos que desembocan en el incremento de la equidad por la vía del crecimiento del empleo formal, de la educación, crecimiento de la productividad y del empleo, etc.) no necesariamente se verifican en aquellos casos en que la competitividad se logra sobre la combinación de una renta geográfica o de recursos naturales y a expensas de las remuneraciones laborales" (Fanjzylber, 1989, p.110).
La especialización intersectorial sobre la base de la explotación de recursos primarios, puede servir de fuente importante para revalorizar las ventajas comparativas, promoviendo su modernización tecnológica y la incorporación al Sistema Innovativo Nacional. Esta posibilidad podría existir para Cuba, si se logra identificar y llevar a la práctica una gama de productos exportables (por ejemplo, a partir de la industria azucarera, las frutas, la pesca, etc.), de alta calidad, intensivos en tecnologías y con un mercado potencial suficiente que haga rentables inversiones nacionales y/o extranjeras. Sin embargo, en ningún caso sería aconsejable apoyar solamente la sustentabilidad de un proyecto perspectivo, en la especialización internacional basada en ventajas comparativas dinámicas.
Al respecto, J. Katz y G.M. Burachik coincidiendo con lo anteriormente planteado por Fanjzylber plantean que: "...no dejan de surgir dudas acerca de la viabilidad de largo plazo de un núcleo dinámico basado en bienes primarios; los rubros exportados no escapan a las tendencias al deterioro de los términos de intercambio... Este aspecto reinstala en un primer plano el viejo debate prebishiano acerca de la viabilidad de mediano y largo plazo de una inserción internacional basada en productos de exportación intensivos en recursos naturales, debate que muchos economistas latinoamericanos contemporáneos parecen haber olvidado" (Katz, et. al., 1990, p.32). Es cuestionable por consiguiente, a pesar de los éxitos que en el corto y mediano plazo puede ofrecer, un modelo del tipo anterior -caso chileno por ejemplo-, que centra su desarrollo en la creación de un polo de competitividad basado en la explotación de recursos naturales y que funciona como un único núcleo duro del Sistema de Innovación Nacional. Sin embargo, lo anterior no significa que deba ser descartado el aprovechamiento de esas ventajas relativas, todo lo contrario, pues deben ser incorporadas al perspectivo proyecto de desarrollo cubano, donde el núcleo dinámico innovador resida fuera del área de las ventajas comparativas dinámicas, es decir, en el área de las ventajas competitivas.
Por el contrario, un crecimiento basado en una competitividad a partir de la innovación en áreas más dinámicas, tendría fuentes diferentes, alternativas, a partir de la innovación tanto de productos; conocimientos científicos, diferenciación de variedades, como de la innovación de procesos, que implica el aprovechamiento de economías de escala, estáticas y dinámicas (Alonso, 1993, p. 59). Estas fuentes de ventajas competitivas, creadas y renovables por todo el sistema productivo y donde el papel de las empresas; mixtas, extranjeras, estatales, y privadas, como agente económico, es muy activo, transformarían la cualidad y la cantidad del crecimiento económico y, por tanto, de los ingresos generados. El papel redistribuidor del Estado se transforma, pues combina las fuentes de financiamiento y de sostenimiento de la equidad a partir de las ventajas comparativas dinámicas -utilizando capacidades creadas en el pasado y potenciadas en el presente a partir de tecnologías modernas, ya sean de producción o de gestión, agregando valor y diversificando el producto final-, y de las nuevas ventajas competitivas, logrando bases más sólidas para la sustentabilidad del modelo de desarrollo.
Así, la especialización que surge del desarrollo de nuevas ventajas del país -ventajas absolutas, base de las ventajas competitivas-, como son las áreas de alto contenido tecnológico que siguen las tendencias del nuevo paradigma técnico-económico, se constituyen en el núcleo más dinámico del Sistema Innovativo Nacional, centro generador de innovaciones hacia toda la estructura productiva.
De esta forma, al menos parcialmente, la equidad podría ser garantizada, no sería un obstáculo al crecimiento, en la medida en que este se sostenga en el largo plazo, en la incremento de la competitividad a partir del cambio tecnológico, generador de ventajas competitivas y de ventajas comparativas dinámicas.
Ahora bien, este proceso se auto refuerza, sellándose en una suerte de "círculo virtuoso", cuando introducimos en el enfoque la dirección inversa. Es decir, el papel de la equidad como estímulo al incremento de la competitividad con base en el cambio tecnológico y por esta vía al crecimiento. Algunos autores han explorado este mecanismo, como J. Casar (1993), el cual denomina "bases microeconómicas de la equidad".
Es decir, la equidad supone una transformación de las pautas del consumo, donde el mayor peso en el consumo nacional lo tienen los medios de consumo que integran la canasta básica de los trabajadores. Este proceso genera un mecanismo retroalimentador sobre las industrias que generan estos bienes, que se traduce en un incremento de la tasa de acumulación y en un aumento de la oferta de bienes de consumo de la canasta básica.
La equidad también supone el acceso gratuito a la educación y a otros servicios públicos, en condiciones de igualdad de todos los miembros de la sociedad. De esta forma, los medios destinados a la conservación de la equidad se convierten en una importante fuente para entrenar los recursos humanos capaces de incorporar intangibles, calidad, informatización, en fin alto valor agregado a la producción en el manejo de las tecnologías modernas del nuevo paradigma, incrementándose las exigencias al aprendizaje y a la calidad del sistema educacional. Así, desde la equidad se crean las bases potenciales y capacidades profesionales para el aumento de la competitividad sobre la base del desarrollo científico-tecnológico.
Desde la óptica inversión-ahorro y su relación con los canales destinados a la redistribución, en la mayoría de los países subdesarrollados, la privatización a ultranza ha cercenando en muchos casos, las fuentes acumulativas para un desarrollo científico-tecnológico propio y de la competitividad en caso de que se aspirara a palear la diáspora de las desigualdades sociales por vía redistributiva. Por otro lado, a pesar de que las teorías convencionales argumentan, como se ha dicho anteriormente, que la distribución desigual del ingreso favorece el incremento del ahorro destinado a la inversión, la realidad de una gran parte de los países subdesarrollados demuestra lo contrario. Primero, el crecimiento económico no es una condición para la disminución de las desigualdades sociales. Segundo, el crecimiento de las desigualdades no es una condición del crecimiento económico (Navarro,1997, p.49).
Contrariamente para Cuba, promover la competitividad en condiciones de equidad supondría, utilizar la propiedad estatal sobre los medios de producción, permitiendo centralizar los recursos financieros, materiales y humanos, lo que podría compensar así la pérdida del ahorro por la redistribución equitativa de los ingresos. No se descarta también utilizar otras fuentes de ahorro, incluso interno, pues es determinante el papel que las remesas han tenido en los últimos años en el financiamiento del déficit presupuestario. Estas condiciones hacen posible el diseño de una política de desarrollo selectiva de sectores y ramas, reorientando los escasos recursos financieros hacia aquellas direcciones estratégicas que los planes perspectivos del país indiquen, como los de mayor capacidad de arrastre e influencia sobre el resto de la economía.
Al mismo tiempo, si los instrumentos de política fiscal para ampliar la fuente de la redistribución de los ingresos, garante de la equidad, estimulan simultáneamente la expansión económica (como ha estado ocurriendo con las asociaciones de capital extranjero), resulta viable el sostenimiento de la equidad por la vía redistributiva y el desarrollo de condiciones centradas en la competitividad a base del nuevo paradigma técnico-económico. Esto es válido ya que el mismo canal que genera la fuente para la redistribución de ingresos, se transforma en una vía expedita para el desarrollo de la economía en estas nuevas condiciones.
Bajo esta visión, la equidad se convierte en fuente de desarrollo y no en un desangramiento de los recursos destinados a la inversión. Por tanto, la expansión económica basada en la competitividad estructural se presenta como condición indispensable, necesaria, pero insuficiente, para garantizar la equidad. La condición suficiente está vinculada directamente al sentido de la equidad que tiene como sostén la óptica de la producción y de la redistribución.
El conjunto de transformaciones que han tenido lugar en Cuba en los primeros años de la década de los 90, si bien provocaron un efecto positivo en el crecimiento económico, al mismo tiempo han afectado seriamente los niveles de equidad existentes antes de 1990. Las mejores condiciones de trabajo y retribución característico de determinadas empresas de la esfera productiva y de servicios enlazadas por la divisa tanto en las asociaciones con capital extranjero, como en las estatales, generan una diferenciación económica y social de los ingresos con relación al resto de la sociedad que incluso trabajadores con igual o mayor calificación reciben menores ingresos que aquellos empleados por las mencionadas empresas.